El pasado 9 de mayo, hace dos años que Eusko Legebilitzarra aprobó la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, que sustituía a la anterior, Ley 7/ 1990, de 3 de julio, la primera en la materia tras asumir competencias culturales las nacionalidades históricas del Estado y en concurrencia con la propia estatal Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español como directriz legislativa normativa de todas las posteriores así como en consonancia con las normativas internacionales: Cartas, Convenios, Convenciones y Recomendaciones. Para la concreción de la ley fuimos convocadas en 2017 numerosas personas de diferentes ámbitos, arquitectos, historiadores, artistas, escritores, abogados, economistas, asociaciones culturales que opinamos en distintas sesiones sobre un proyecto de ley como borrador ya establecido de 57 páginas con 88 artículos y otras disposiciones, acudiendo a comparecer ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte parlamentaria en la que estaban representados todos los grupos políticos.

En la fase previa de borrador entre las categorías de clasificación, que no de protección como se cita, del patrimonio cultural inmueble, final e incomprensiblemente en la ley no se consideró la de Sitio Histórico, que otras leyes si aprecian, (Lloc históric– ley catalana–) / Sitio ou territorio histórico– ley gallega) en cambio se introducen dos que son muy similares entre sí Itinerario Cultural y Espacio Cultural que sustituye a la prevista Paisaje Cultural.

Por cierto, todavía no hemos recibido una carta de agradecimiento y mucho menos ningún abono el medio de transporte utilizado cosa que contrasta con las generosas dietas que los políticos se imponen para sus desplazamientos. Ni siquiera el libro editado con dicha ley.

El patrimonio cultural heredado y concretamente arquitectónico, urbanístico y paisajístico es un tema trascendental para un pueblo y personalmente apasionante que me ha preocupado e implicado desde hace 36 años. En dicha comparecencia expuse con total libertad mi criterio reivindicativo y sugerencias ante la debacle patrimonial contemplada durante décadas para que a su vez con más aportaciones pudieran mejorar no solo la ley precedente sino incluso incorporar conceptos de otras legislaciones que por analogía de identidad cultural tienen algunas consideraciones interesantes. La Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra que como casi todas otras, la LLei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, Llei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia y las de comunidades españolas que tienen una estructura similar.

En la anterior ley se anticipaba en su Exposición de Motivos acertadamente se proclama: «El patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la identidad del pueblo vasco y el más importante testigo de la contribución histórica de este pueblo a la cultura universal. Este patrimonio cultural es propiedad del pueblo vasco. La protección, defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los poderes públicos». Este principio tan fundamental, incomprensiblemente, se ha suprimido en la nueva ley, lo que presupone que el patrimonio tiene ahora otra cosa, quizá un rasgo pintoresco de decoro urbano, de tipicidad turística. Lo mismo que la palabra Euskadi en ETB y en pronunciamientos del gobierno extrañamente ha quedado eliminada por la expresión Comunidad Autónoma del País Vasco.

El valor del patrimonio

La sociedad vasca debe ser consciente y saber que una parte de su identidad cultural, especialmente este legado tan identitario recibido de nuestros antecesores, no tiene garantizada su transmisión a generaciones futuras en debidas condiciones de autenticidad e integridad. Esta faceta de la cultura desgraciadamente depende de políticos temerarios e irresponsables que toleran su deformación o destrucción auto sometidos a los deseos de grandilocuencia política, las presiones e imposiciones de los poderes económicos de constructoras e inmobiliarias y de gente afín contributiva y políticamente y más cuando se gobierna en coalición y hay que repartir entre dos.

Tienen una gran responsabilidad tanto las diputaciones forales que por competencias asumidas, desafortunadamente, para el patrimonio, son las que en definitiva deciden las autorizaciones para su deformación y destrucción. Previa negligencia de demasiados ayuntamientos por sus carencias culturales además de no incluirlas en los catálogos municipales, el patrimonio arquitectónico habitualmente depende del urbanismo, no de cultura, lo que explica la continua catástrofe que lo considera como una mera edificación capaz de ser sometida por directas presiones locales a cualquier interés inmobiliario sea como un solar por su valor especulativo derribándolo o capaz de admitir deformaciones de todo tipo. Todo ello con la complicidad de muchos arquitectos y arquitectas que en su trabajo como funcionarios o asesores claudican, sino incluso aprueban estos atentados culturales. No puede obviarse la vergonzosa actitud del Colegio de Arquitectos que con su permanente silencio es cómplice pasivo de estos atentados a cambio de lo que es fácil intuir, subvenciones y prebendas privadas.

¿Porqué motivo razonado todavía no se ha nombrado tal como ordena la citada ley en su Art. 4. «El Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco. 3. Estará integrado por personal cualificado de las instituciones de la CAPV y por personal técnico, especialista o representante de los sectores profesionales que actúan en el ámbito del patrimonio cultural».

¿Tiene miedo cultural el gobierno, la consejería o el PNV, que es lo mismo, de que personas doctas con formación, sensibilidad e independientes razonadamente les contradigan y desautoricen en algunas de sus disposiciones?

Esta ley está siendo, insólita e inconcebiblemente en un país democrático, ignorada, incumplida y transgredida por sus propios legisladores y sus responsables políticos, con actuaciones inequívocamente tipificables de prevaricación. Así, tal como tan mal suena.

Desprecian e incumplen impunemente la ley y en su toma de posesión del cargo político, autoridad es otro concepto, se supone habrán jurado o prometido honestidad en el desempeño del mismo. Para ellos esta ley es solamente un texto de mera referencia teórica, simbólica, orientativa, de prestigio institucional cuya redacción otorga una aparente preocupación cultural, una falsedad continuamente palpable.

Legislación vulnerada.

La prueba de todo lo dicho es el Proyecto de Ampliación y Reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao sigilosamente impuesto por el capricho del poder político sin una justificación de necesidad funcional, económica, cultural concebido solo como un llamativo recurso turístico para competir con el cercano Guggenheim. Admitido irreflexiva e irresponsablemente por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco a cuyos máximos dirigentes les ha dejado en evidencia, mostrado su precariedad conceptual e insensibilidad respecto al patrimonio expresado mediante la arquitectura, el urbanismo y el paisaje les acusa de modo inapelable por las reiteradas manifiestas irregularidades e ilegalidades contenidas en el mismo que admiten y aprueban.

El proyecto es una recopilación de evidentes infracciones a la legislación vigente. Infringe las normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, en lo referente al Régimen de Protección de la Edificación, relativo al Museo y el Parque, en dos ocasiones, a la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco en ocho de sus artículos y en su tramitación administrativa, a tres leyes, una vasca y dos estatales.

Ustedes, consejero de Cultura Bingen Zupiria, viceconsejero Andoni Iturbe –de nefasto precedente en la Diputación de Bizkaia–, el director de Patrimonio Cultural Mikel Aizpuru y el anterior viceconsejero José Ángel Maria Muñoz, actualmente asesor –con el agravante además de que estuvo en el jurado de la farsa del concurso complacientemente contemplando las ilegalidades que aprobó–, deben ser cesados o en un gesto de honradez cultural, responsabilidad y dignidad personal, dimitir. Han demostrado ser reincidentemente incompetentes en la materia, contraproducentes para la salud cultural y la historia de Euskadi. Su paso por el gobierno es tan temporal como dañino, no pueden seguir siendo mandatarios de la cultura de este país con tan evidente irresponsabilidad tolerando y aprobando evidentes incumplimientos y faltas gravísimas que les acusan irremediablemente.

Son un peligro. La intervención del consejero Zupiria en el Parlamento en el Pleno de Control del Parlamento Vasco, solicitada por el grupo Popular Vasco-Ciudadanos el 19 de febrero y en la respuesta por escrito a las preguntas del mismo grupo parlamentario el 16 de marzo, denotan la jactancia y soberbia de creerse irrefutables para intentar ocultar una sorprendente, decepcionante y preocupante precariedad cultural y nula sensibilidad que se le debía suponer en esta materia para continuar en el cargo.

La citada ley les señala en el Art. 84.–Responsables de la infracciones. d) «Las personas que emitan informes técnicos favorables o las personas titulares de los órganos que aprueben licencias, autorizaciones y proyectos de obras o intervenciones que impliquen la destrucción o el deterioro del patrimonio cultural, cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de infracción de acuerdo con esta ley».

Alternativamente, les resultará más cómodo y rentable: cambien la ley de acuerdo a las necesidades político económicas del omnipresente PNV. Para el partido el patrimonio arquitectónico es un estorbo a su forma de actuar al servicio de la especulación. Esta actitud condescendiente con la brutalidad cultural y negligente con la legislación vigente se deberá resolver en los tribunales, con la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que es la competente en asuntos de Delitos contra el Patrimonio, por lo que podrán serán acusados de infringir los artículos 321 a 323 del Código Penal.

Resulta muy significativo el texto último de la actual Ley en su Disposición Final Segunda: «Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar. Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2019. El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria».