Mikel Zuloaga y Begoña Huarte fueron detenidos en la madrugada del miércoles en Grecia cuando trataban de trasladar a Euskal Herria a ocho personas refugiadas. La Fiscalía de la ciudad griega de Igumentisa acusó a ambos activistas de «favorecimiento de la inmigración ilegal y de imprudencia grave para la integridad de los refugiados». Esta era la entradilla de la noticia, el lead que resumía los hechos hasta el viernes por la tarde, cuando Huarte y Zuloaga fueron puestos en libertad. En la trastienda de esta acción humanitaria y de desobediencia civil ha habido y hay, por supuesto, mucho más. En estas líneas voy a tratar de poner en contexto todo ello, desde mi punto de vista y tras los primeros intercambios con mis contactos en Grecia. Ante todo, y en primer lugar, lo urgente:

No habrá ninguna acción en contra de las personas refugiadas que los dos activistas pretendían trasladar a Euskal Herria. Esto es lo realmente importante, porque, con las leyes en la mano, no eran ni mucho menos descartables medidas de represalia contra dichas personas, incluida la expulsión del país; este es el primer elemento a tener en cuenta ante cualquier acción de desobediencia civil de este tipo y en este contexto.

Mantener en prisión a Begoña Huarte y a Mikel Zuloaga era no solo desproporcionado, sino injusto. Su puesta en libertad ha sido una demanda que se ha sentido y expresado en Euskal Herria y también en Grecia. Me consta que los compañeros y especialmente las compañeras de Syriza en el Gobierno y en torno al Ejecutivo griego se han movido con la mayor celeridad posible (y sí, también con la adecuada prudencia y respeto institucional hacia la división de poderes) para que estos dos primeros puntos, vitales tras la detención del grupo, fueran finalmente una realidad. Esos compañeros y compañeras han facilitado que en primer lugar se proteja a las personas refugiadas, que posteriormente se evite la acusación de «tráfico de personas» y finalmente se decida su libertad condicional; condicional porque, en principio, «algún tipo de juicio» deberán de enfrentar. Aún no hay fecha para el mismo, pero será complicado evitarlo aunque haya voluntad personal y política en Atenas para intentar que no se celebre. Algo que, estoy seguro, los activistas asumieron cuando diseñaron esta acción humanitaria, solidaria, legítima y autofinanciada desde los movimientos sociales, y de evidente y necesaria denuncia política contra los estados miembros que violan derechos humanos básicos.

Tercer punto importante en mi opinión: la denuncia política no debe enfocarse en Grecia ni en Syriza, sino que debe orientarse hacia esos estados miembros de la Unión Europea que lideran y han liderado el cierre de las fronteras exteriores desde que forzaron la clausura de la ruta de los Balcanes Occidentales y pactaron el infame «statement» con Turquía (un acuerdo internacional en toda regla, aunque jurídicamente no lo sea). Austria y otros estados presionaron para que Macedonia empezara a cerrar la puerta en Idomeni después de que Hungria criminalizara a las personas migrantes y refugiadas (sin que Bruselas moviera un dedo más allá de escenificar en el Parlamento Europeo la crítica a Viktor Orban). En aquella época, la UE en pleno recuperó el falso dilema de «seguridad versus libertades», para cargarse la libertad de movimientos de las personas en media Europa, incluso en el emblemático puente de Oresund, entre Suecia y Dinamarca. Populares, socialdemócratas y liberales compraron de facto el discurso ultraderechista y xenófobo de Marine Le Pen a cambio de la esperanza de no perder votos (y, por qué no decirlo, porque ideológicamente la música complacía a muchos de ellos). Mientras centenares de miles de personas migrantes y refugiadas corrían todo lo que podían para cruzar Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia y Eslovenia en su camino hacia Alemania y Suecia, principalmente, Alemania dirigía las operaciones en Ankara para que la Comisión Europea entregara la llave del flanco sureste a Erdogan, que abría y cerraba su «puerta» oeste a su antojo para negociar desde una posición de fuerza con Angela Merkel y Bruselas. Pero ese acuerdo nunca habría sido posible sin el aplauso entusiasta de estados miembros como el español o el francés, el británico y muchos centroeuropeos, que llevaban años dando lecciones al resto de cómo tratar a las personas migrantes y refugiadas, en Ceuta y Melilla o en Calais. Al final, ha sido la estrategia diseñada en su día por Silvio Berlusconi, otro demócrata de pro, la que se ha impuesto en la UE, para vergüenza de sus tan manidos valores y principios.

Una acción solidaria y de denuncia de este tipo que tenga lugar solo en Grecia coloca a Syriza, de nuevo, en el disparadero, siendo como es el único gobierno de izquierda en el Consejo de Ministros de la Unión, aislado, sin recursos y atacado por demasiados flancos, incluido parte del sector «amigo» (desde algunos de los impulsores del Plan B o desde los movimientos sociales y solidarios que se llevan las manos a la cabeza por el (mal)trato a las personas refugiadas en muchos campamentos de recepción o detención, principalmente en las islas del Egeo). Esto último, por supuesto, y desgraciadamente, es real, y cuestiona e interpela directamente al Gobierno, y sé que quita el sueño a los compañeros y compañeras de Syriza. Las condiciones de vida y el trato policial en algunos campos de refugiados de algunas de las islas griegas son indignos e inaceptables. Tomar el Gobierno y tomar el poder no es lo mismo tras décadas de control de las fuerzas de seguridad por parte de la derecha. Pero, en todo caso, es necesario poner en contexto esta situación. Y el contexto, y el papel que juegan en esta historia algunos estados miembros que, como el español, el francés y otros son más indignos que el griego sin que les suponga el menor coste social y político, debe ser tenido en cuenta. Ese contexto justificaría plenamente, por ejemplo, una acción coordinada de desobediencia civil y solidaria para desenmascarar a los estados miembros de la UE que son los verdaderos responsables del criminal cierre de fronteras externas y algunas internas de la Unión, una acción conjunta que incluyese, desde luego, a Calais (no solo por ser campamento en territorio francés sino también frontera británica), a Ceuta y Melilla y a los CIES, a Lampedusa o Sicilia, a Hungría, a Bulgaria por supuesto y a otros muchos estados miembros de la UE. Una acción de ese tipo, paneuropea y coordinada sí que supondría un desafío político en toda regla al conjunto de los estados miembros de la Unión y no solo a su eslabón más débil, Grecia, cuando en otros estados, como el español, la violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas está legalizada.   

Porque, si no ponemos el contexto, la fotografía sale desenfocada, y ocultamos a la opinión pública europea, y a la vasca, datos básicos para que pueda formarse una opinión propia y veraz: a 30 de noviembre de 2016, según el recuento de IOM (International Organisation of Migration), 75.948 personas migrantes y refugiadas se encontraban “atrapadas” en siete estados europeos, seis de ellos estados miembros de la Unión Europea. El término que las organizaciones internacionales usan es el de «varadas» (stranded), y es ciertamente apropiado. De esas 75.948 personas «varadas» tras el cierre de las fronteras interiores y exteriores europeas, 62.504 están en Grecia, 16.000 de ellas hacinadas en campamentos con capacidad, siendo generosos, para 7.450 personas. El resto están en Bulgaria (6.454), Serbia (5.367), Croacia (639), Hungría (460), Eslovenia (367) y FYROM (157). La propia Grecia, tras años de nefasta gestión política, financiera y económica, estaba en situación de crisis humanitaria antes de la llegada de Syriza al Gobierno, y la coalición de izquierdas no ha sabido o no ha podido enfrentarse con éxito a la Troika ni al resto de socios en el Consejo de Ministros de la UE. No dispone, por lo tanto, de recursos ni capacidad para enfrentarse por sí sola a esta situación. GUE/NGL, tras su misión a la ruta de los Balcanes y sus dos viajes a Grecia (Idomeni, Atenas y Lesbos), alertó claramente en el Parlamento Europeo de lo que iba a ocurrir. Pero la triste verdad es que fueron muchos los gobiernos europeos (no solo Wolfgang Schauble, el ministro de Finanzas alemán) los que propiciaron conscientemente la catástrofe humanitaria tras el cierre anunciado de la ruta balcánica. Los estados miembros sabían lo que iba a pasar, sabían perfectamente lo que iba a ocurrir desde que quedó claro que la guerra en Siria no iba a terminar en dos días, y tomaron la decisión de no prepararse para ello.

En Europa no hay una crisis humanitaria, ni tan siquiera podemos hablar de una crisis de voluntad política, lo que hay es una voluntad consciente y evidente de no ser solidarios ni justos en el trato hacia las personas migrantes y refugiadas que tienen todo el derecho del mundo a buscar un futuro digno y en paz para sus familias, y a buscarlo en Europa. Y hay una decisión consciente y premeditada de imponer un modelo de sociedad injusto e insolidario, que teme y criminaliza al «otro», al «diferente», para regocijo de la extrema derecha. Esa es, a mi entender, la gran y necesaria denuncia política de la acción de Mikel Zuloaga y Begoña Huarte y de los movimientos sociales que lo han hecho posible.


¿Por qué hay 62.504 personas «varadas» en Grecia? Porque el resto de estados miembros así lo quiere, porque los socios de Grecia en la Unión Europea ni tan siquiera respetan sus acuerdos más ridículos. En base a una propuesta de la Comisión Europea, mejorada en 40.000 personas por la insistencia de nuestro grupo en el Parlamento Europeo, GUE/NGL, los 28 acordaban la “recolocación” de 160.000 solicitantes de asilo que permanecían en Grecia e Italia, y también en Hungría, en el resto de estados miembros de la Unión, por un sistema de cuotas calculado en base a cuatro variantes: población, PIB, media de solicitudes de asilo en los últimos cuatro años y tasa de desempleo. Un número ridículo en cualquier caso. 25 estados se comprometían a hacerlo y se daban dos eternos años de plazo para hacerlo, que teóricamente acaba en setiembre de 2017 (la financiación corre a cargo del presupuesto comunitario). En total, de esas 160.000 personas «varadas» en Grecia e Italia solo se habían «recolocado» 8.013 en otros estados miembros hasta el 30 de noviembre. Una vergüenza.

¿Qué se puede hacer (además de las iniciativas que puedan surgir en el futuro desde la sociedad civil)? En un mundo ideal, cambiar todos los gobiernos europeos y tomar el poder. En el que, de momento, nos toca vivir, exigir y presionar a todos los gobiernos, incluidos por supuesto los gobiernos «regionales» y, por lo que nos toca, a los gobiernos de naciones sin estado con capacidad de hacerlo, para que hagan más, mucho más. Portugal, por ejemplo, marcó el camino diciendo que acogería a muchos más de los que le «tocaban». Otro buen ejemplo lo aporta desde Italia la Comunidad de San Egidio, que concretó su voluntad y aprovechó su red en el Mediterráneo Sur para proponer al Gobierno italiano un sistema propio para traer y acoger con respeto y dignidad, y un futuro, a personas migrantes y refugiadas. Un sistema mejorable, por supuesto, pero un sistema que supera en cierto modo los filtros y la falta de voluntad de los estados de turno. Esa vía debería ser explorada hasta sus últimas consecuencias por los Gobiernos de Lakua e Iruñea, sin limitarse al mucho más fácil y absolutamente inútil «nosotros queremos pero Madrid no nos deja».

Hau guztia esanda, besarkada handi bat eta Urte Berri on, bihotzez, Begoña Huarte eta Mikel Zuloagarentzat, eta beraien etxeko eta kide guztientzat.