Cuando todavía no se ha superado la crisis económica cuya profunda raíz sistémica –el neoliberalismo capitalista– no se quiere reconocer y, en consecuencia, se mantiene y hasta se refuerza con beneficios mayores para mercados y estados dominantes, la imparable avalancha de personas refugiadas ahonda aún más sus causas generadoras.

Las propuestas y respuestas, las indignantes dificultades para llegar a acuerdos entre estados y consensuar soluciones eficaces humanitarias se retrasan y, a pesar de positivas disposiciones de acogida para tantos casos extremos, el problema de fondo ni se afronta ni se resuelve. Ciertamente la emergencia de los refugiados sirios, una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo, como subraya ACNUR, ha causado ya más de cuatro millones de desplazados. Sin olvidar, como denuncia la misma organización, que el dramático aumento de desplazamientos masivos provocados por guerras y conflictos, ha alcanzado ya niveles sin precedentes en la historia reciente: hoy, llega a 60 millones de personas desplazadas y el éxodo continúa.

Ante estrategias extremas y fanáticas del estado islámico en Irak y Siria y de otros grupos que impiden un proceso de paz y agravan sangrientamente la situación, quienes pueden luchan por su liberación, pero una mayoría ha sucumbido, y se ha visto obligada a iniciar un inacabable éxodo sin precedentes buscando refugio, trabajo y pan, que para muchos termina con un trágico final.

Ante esta crítica situación de envergadura mundial y consecuencias imprevisibles a medio y largo plazo no son suficientes las imprescindibles respuestas humanitarias. Es preciso afrontar sus causas profundas. Radican en la forma en que la mayor parte de los pueblos del mundo existen y viven, y no solamente en lugares arrasados por guerras provocadas por ideologías islamistas y enfrentamiento étnicos.

Hay que ir más allá con honestidad y denunciar la larga historia expoliadora y colonialista de imperios y estados de occidente que no sólo han empobrecido pueblos de África y América Latina (basta leer a Eduardo Galeano), sino que además ha tratado de desposeerles de sus derechos a ser y decidir. Han suprimido muchas de sus lenguas, han diluido su cultura y han intentado anular su identidad para hacerlos esclavos del capital y sus mercados en manos de élites enriquecidas a su costa. Han tratado de reducirlos a masas manipulables o incluso inexistentes para la estrategia de la globalización capitalista, utilizadas como esclavos del siglo XXI para su beneficio.

Euskal Herria no es ajena a este proceso. Económicamente dependiente, sufre también las consecuencias del sistema neoliberal, aunque su nivel económico no sea comparable con la angustiosa situación de emigrantes de países pobres. Y como pueblo, junto a Catalunya, Galizia… está vetada constitucionalmente para ser nación soberana con pleno derecho a decidir y a ejercer todos los derechos colectivos que como tal le corresponden.

Controlados económicamente por el capitalismo neoliberal, estos pueblos se encuentran sometidos políticamente a una Unión Europea sustentada exclusivamente sobre la realidad de los estados actuales que les  impiden con amenazas excluyentes ejercer sus plenos derechos. A pesar de ser la raíz histórica de Europa, quedan calificados, con sus lenguas, culturas e historia, como regiones sin personalidad, ni identidad, subordinados a los Estados-nación. Esta política europea tiene en el Estado español su expresión específica en una constitución unionista garantizada por las «Fuerzas Armadas» (art. 8).

Estableciendo las debidas diferencias con la situación de quienes hoy sufren las angustiosas consecuencias de desplazamientos y buscan la acogida a la que debemos responder con justicia y humanidad, es preciso afirmar que nos une a ellos no sólo la solidaridad y responsabilidad ética sino también la lucha para reclamar y recuperar sus derechos colectivos.

Como referencia ideológica y estrategia política es necesario recordar un texto, que precisamente se aprobó en Barcelona, en la Asamblea General de la Conferencia de Naciones sin Estado de Europa en 1990: la Declaración Universal de los Derechos Colectivos de los Pueblos. Constatando la falta o insuficiente reconocimiento de tales derechos con sus consecuencias de desigualdad y discriminaciones entre pueblos, afirmaba y exigía los derechos de los pueblos –identificados por su historia, cultura, tradiciones, territorio– a afirmarse como nación libre y soberana, a autodeterminarse y disponer de recursos propios para su desarrollo, en igualdad con otros pueblos.

Es un texto de plena actualidad ante las elecciones de Catalunya, por supuesto; pero, sobre todo, para todos aquellos otros pueblos masacrados, destruidos, divididos como Siria, Irak, Palestina, Afganistán, Libia… y para sus gentes obligadas a abandonarlos y desplazarse en las condiciones angustiosas que exigen soluciones desde una mínima sensibilidad humana y compromiso ético. Por ello la reivindicada soberanía de los Pueblos es, en el fondo, una opción contra la ley de la fuerza de los poderosos y a favor de la razón y del derecho donde, como afirmó, junto con otros compañeros, Jexuxmari Zalakain, defensor y luchador por estos derechos, y en estos próximos días, después de ocho años de injusta condena, ya en libertad, «se trata, en definitiva, de que los diversos Pueblos o Comunidades Nacionales lleguen a ser dueños de sí mismos y al mismo tiempo solidarios con los demás Pueblos del mundo».

Durante su viaje a Latinoamérica, el Papa Francisco, afirmó en Bolivia la urgencia de unir los pueblos en el camino de la paz y la justicia: «Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. La paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia». Su mensaje de justicia con todos los pueblos, está siendo estos días subrayado en su visita a Cuba y EEUU y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hace un año se publicó la Carta de Derechos sociales de Euskal Herria, para construir una sociedad socialmente justa e igualitaria. Esta Carta debe enmarcarse en aquella Declaración porque tienen objetivos comunes: ser Pueblo y decidir su destino, para conformar una sociedad democrática, participativa, solidaria, hoy en especial con quienes sufren las consecuencias más flagrantes y dolorosas de la ausencia y respeto de los derechos de los pueblos.

Potenciar un proceso social y la movilización popular de impulso a estos derechos es la responsabilidad que debemos asumir para conseguir una sociedad justa en pueblos soberanos, unidos desde su independencia con los más pobres, ahora con las personas refugiadas, para lograr el regreso a sus lugares de origen, que nunca debieron verse obligados a abandonar, y para reconstruir con pleno derecho sus propias naciones libres.