La represión y las masacres siguen su curso formando ríos de sangre que horadan las geografías latinoamericanas. Más de 55 masacres en estos nueve meses en Colombia. Más de cien jóvenes muertos por «gatillo fácil» en Argentina durante la pandemia. Cifras imposibles de registrar en Honduras, Guatemala y México. Y así en casi todos los rincones del continente.

Sin embargo, pese a la violencia de los Estados, los grupos paramilitares y narcos, los pueblos siguen avanzando. Uno de los emprendimientos mineros más emblemáticos, Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold, fue clausurado por el Tribunal del Medio Ambiente de Chile, que determinó «la clausura total y definitiva y una multa equivalente a unos nueve millones de dólares» (“Página 12”, 17 de setiembre de 2020).

Barrick Gold es el segundo productor mundial de oro pero el proyecto a 4.500 metros de altitud, situado en una zona de glaciares en la frontera entre Chile y Argentina, violaba 33 normativas medioambientales y entre sus impactos figuraba la destrucción de glaciares. El millonario emprendimiento tuvo desde el comienzo la oposición de comunidades de los dos países afectados, que se movilizaron durante años.

La lucha por la tierra está en el centro de los conflictos en estos momentos. Miles de hectáreas siguen en disputa. El informe anual del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, estima que hasta el 40% del territorio brasileño «es usado de forma directa por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas» (https://bit.ly/38xVaC7). Brasil puede ser tomado como ejemplo, porque la situación es la misma en toda la región.

Quienes disputan la tierra y el agua son las grandes multinacionales mineras y del agronegocio, que pretenden despojar en Colombia, otro ejemplo, hasta el 40% del territorio nacional que pertenece a resguardos indígenas, comunidades negras y territorios de pequeños campesinos.

Quisiera poner la lupa en lo que sucede en la periferia sur de Buenos Aires, en particular la toma de tierra de Guernica. El lunes 20 de julio unas 2.000 familias, alrededor de 10.000 personas, tomaron un predio de cien hectáreas en el distrito Presidente Perón, ante la crisis habitacional que sufren. Los propietarios de esas tierras las tienen en estado de abandono desde hace más de cuarenta años.

El informe del Equipo de Investigación Política describe: «Un aluvión imparable empujado por la necesidad, en medio de la pandemia y el frío, en el marco de la peor crisis que el país recuerde en mucho tiempo» (https://bit.ly/2Gi22ur). Las familias ocupantes armaron viviendas muy precarias de cartón y plásticos, directamente sobre el agua, en el mes más frío de este gélido y lluvioso invierno.

Los propietarios se empeñan en el desalojo, ya dictado por la justicia, ya que una parte del predio estaría destinado a la construcción de un lujoso barrio privado. O sea, especulan con el suelo urbano. En el otro extremo, hay 1.240.000 familias que tienen problemas de vivienda. De ese total la Secretaría de Vivienda estima que el 50% necesita una vivienda nueva y el otro 50% necesita mejoras o ampliaciones de vivienda.

El informe asegura que durante la pandemia «cientos de tomas de tierras tuvieron lugar» en los municipios más pobres de la periferia de Buenos Aires. La mayoría fueron desalojadas por «usurpación», pero algunas sufrieron violencia policial. El epicentro de las ocupaciones es la Región Metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires y cuarenta municipios que la rodean, con casi quince millones de habitantes.

El periodista Mario Wainfeld, señala que el 70% de los ocupantes explicaron en un censo que están desocupados y no pudieron pagar el alquiler. Las demás familias ocuparon por hacinamiento o por violencia de género (“Página 12”, 27 de setiembre de 2020). Se estima que en la ocupación hay unos 3.000 niños y niñas.

La situación económica es tan grave, que el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia, que perciben los trabajadores informales y monotributistas que no pueden ejercer sus labores durante el confinamiento, y que asciende a unos 130 dólares. Alrededor de nueve millones de personas reciben ese beneficio, en una población de 45 millones.

En Argentina existen 4.416 «barrios populares» con cuatro millones de habitantes, casi el 10% de la población del país, que han sido mapeados por el Registro Nacional de Barrios Populares (https://bit.ly/3imNl7i). Estos barrios han surgido por la ocupación de tierras, ya sea por la suma individual de familias (villas) o a través de una organización colectiva (asentamientos).

El medio feminista Latfem, entrevistó a la politóloga Mara Duer, quien sostuvo en una charla en Guernica que la toma es una forma de territorialización diferente a la que practica el Estado: «En esta forma de hacer territorio se piensa en la tierra como fuente de subsistencia y como práctica colectiva» (Latfem, 29 de setiembre de 2020). En suma, territorio para habitar y no para extraer beneficios.

A comienzos de octubre, luego de dos meses y medio de ocupación, se consiguió una prórroga hasta mediados de mes, con apoyo de ocho organizaciones populares y de izquierda presentes en la ocupación de Guernica, además de profesionales como la Gremial de Abogados y Abogadas.

Una parte de los ocupantes está dispuesta a resistir cualquier orden de desalojo, en base a una sólida organización en un cuerpo de delegados de la toma. El objetivo es «tierra por tierra», rechazan los planes sociales, las bolsas de comida y las promesas, y no se irán si el Estado no les ofrece un lugar donde vivir. Es una batalla estratégica: un triunfo de los sectores populares generaría una respuesta histérica de las clases medias y altas y la oposición de la derecha.

Por eso todos los días hay reuniones con instituciones estatales, ya que el gobierno provincial de Axel Kicillof, teme que si entrega tierras se produzca una avalancha popular que sería imparable y tendría un costo político tremendo para un gobierno muy debilitado.