El pasado 2 de junio tuvo lugar en Pamplona una manifestación que según sus organizadores no era contra el euskara, pero que tildaba de discriminatorias y de imposición las medidas de promoción del euskara por parte del Gobierno de Navarra.

En Navarra el castellano es la lengua dominante, hablada por casi el 100% de la población (647.219 habitantes en 2017), mientras que el euskara es una lengua minorizada que es entendida por un 10,3% de la población, y entendida y hablada por un 12,9% (según la última encuesta sociolingüística). Es decir, entre vascohablantes pasivos y activos un 23,2 % de la población (algo más de 150.000 personas).

Hablemos de verdaderos ejemplos de discriminación y de imposición:

En el modelo G se imparten castellano y una o dos lenguas extranjeras y ni una sola sesión en una de las lenguas del Navarra, el euskara. En los modelos A, B y D se imparten las dos lenguas de Navarra (euskara y castellano) y una o dos lenguas extrajeras también. ¿Dónde está la discriminación? En los modelos que imparten euskara desde luego que no, porque no se discrimina ninguna lengua de Navarra.

En la última prematriculación de alumnado de 3 años para el curso 2018/2019 el 50% de las matriculas ha sido en modelo G. Es decir, unos 3.000 nuevos alumnos van a ser en un futuro analfabetos integrales en una de las lenguas de Navarra. ¿Aquí margina el euskara o realmente se margina al euskara y a sus futuros hablantes?

Mientras que el 100% de los empleados públicos de los ocho departamentos de Gobierno de Navarra son castellanoparlantes, en el de Interior y Justicia tienen el perfil de euskara solo el 0,49%, en el de Derechos Sociales solo el 0,49%, en el de Salud solo el 0,6%, en el de Cultura, Deporte y Juventud solo el 0,53%, en el de Hacienda el 0%, en el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local solo el 0,3%, en el de Desarrollo Económico el 0%, en el de Educación el 29,3% y en el de Relaciones Ciudadanas (con Euskarabidea) el 37,2%. Es decir, solo en dos de los ocho Departamentos de Gobierno de Navarra cuentan con empleados públicos suficientes con perfil de euskara para atender a la población vascohablante. Los otros seis están entre un 0% y un 0,6% de empleados con perfil de euskara para atender a un 23,2% de la población Navarra que es euskaldun. ¿Esto no es discriminación?

Se podrían exponer muchos más ejemplos, pero por hoy creo que son suficientes. ¿Qué población y qué lengua está discriminada? El castellano y los castellanohablantes desde luego no. ¿No es lícito a la vista de los datos tomar medidas para que más de 150.000 personas navarras no sean discriminadas en una de sus lenguas al ser atendidas en la Administración de Navarra? Estamos hablando de un porcentaje de población importante, una población que en número viene a coincidir con la suma de todos los votos de los tres partidos con representación parlamentaria que han apoyado esta manifestación (UPN, PSN y PPN).

A pesar de estos números y estos casos mencionados los organizadores y los que han apoyado la manifestación desde el PSN hasta el PPN, han repetido machaconamente que las políticas de promoción del euskara discriminan al 93% de la población. Realmente hay que tener una cara de hormigón armado tipo Cospedal para decir que el 93% de la población de Navarra es discriminada por el euskara y por las políticas de promoción del mismo, teniendo en cuenta, que un 23,2% de la población es vascoparlante y que el 50% de las familias eligen modelos lingüísticos con euskara para sus hijas e hijos. Estaría bien que nos expliquen claramente, si realmente pueden, de dónde sacan ese porcentaje del 93%.

Igual el debate debería ser otro. Para acabar realmente con la discriminación y la imposición quizá habría que revisar la financiación con dinero público de un modelo lingüístico que discrimina una de las lenguas de Navarra (la Lingua Navarrorum) y aquellos centros educativos tanto públicos como privados-concertados en cuya oferta lingüística educativa no se contempla ni una sola sesión de una de las lenguas de Navarra. Realmente es muy grave fomentar el analfabetismo integral en lengua propia e hipotecar cada nuevo curso una parte importante del futuro laboral de unas 3.000 personas más, que verán limitado su acceso a puestos de trabajo en la vecina Comunidad Autónoma Vasca, en las provincias vascas de la zona francesa y en nuestra Navarra y no por culpa del euskara, sino porque algunos partidos políticos con sus políticas del pasado y con los obstáculos a las del presente están condenado al monolingüismo a generaciones que con el mismo esfuerzo podían haber sido bilingües en las dos lenguas de su tierra.