Nadie parecía poner en duda que la última fase de confrontación político-militar que hemos conocido en este país arrancaba con la muerte del guardia civil José Pardines y el militante antifranquista Txabi Etxebarrieta, el 28 de junio de 1968. Pardines murió al dar el alto en un control de carretera a un coche ocupado por miembros de ETA. Etxebarrieta caía horas después bajo las balas de la Guardia Civil en otro control.

Algunos quieren presentar otra ficción ante la opinión pública, incluso mintiendo ante las Naciones Unidas. Para ellos la primera víctima contemporánea sería la niña Begoña Urroz, a quien segó la vida un críptico grupo Revolucionario Ibérico: el DRILL. Una falacia.

Lo que nos sorprende poderosamente es que ahora se quiera también retorcer la historia desde la secretaría de Paz y Convivencia y mediante los llamados Retratos para la memoria que fueron recientemente repartidos a 128 municipios de la CAV. En dichos documentos se reconoce al guardia civil franquista como víctima de vulneración del derecho a la vida, pero no al militante de ETA.

Hay varios baremos para medir los hechos: podemos tomar en consideración el Código Penal (delito de asesinato u homicidio), la legislación internacional de derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales) o decantarnos por un terreno más ecuánime: la vulneración del derecho a la vida. Este criterio propuesto por la Secretaría de Paz y Convivencia parece objetivo y de aplicación mecánica. Además, es el más práctico, porque otros baremos reflejan la desigualdad y la marginación con que se ha tratado a víctimas que, ahora, pretendemos reconocer y reparar.

Ciertamente, no se puede recurrir a la verdad oficial de los hechos, porque no es necesario puntualizar cuál ha sido invariablemente la versión gubernamental vertida. No se puede acudir a la verdad judicial impuesta por la justicia española que ha investigado unos hechos con microscopio, mientras miraba hacia otra parte, la de la impunidad, frente a otros. Podríamos remitirnos a la legislación internacional de derechos humanos que establece diferente responsabilidad para agentes estatales que para los extraestatales, ya que aquellos adoptaron especiales responsabilidades de proteger a la ciudadanía. Pero el problema es que no hay un órgano internacional que dirima en base a esos criterios. Debemos hacer ese trabajo nosotros y nosotras, la ciudadanía vasca. Por lo tanto, asumamos el terreno de juego del criterio de la «vulneración del derecho a la vida». Un baremo que apunta a que se estaba efectivamente ejerciendo ese derecho hasta que, por la acción de una tercera persona, el ejercicio de la vida se trunca.

Así, con la aplicación automática de ese criterio se puede llegar a una fotografía completa, dejando otras valoraciones, circunstancias o contextualizaciones, que, sin duda, serán necesarias en la construcción del relato, pero no ayudan al fin de conocer, reconocer y reparar a las víctimas, que es ahora el que enfrentamos. Sin embargo, encontramos que el Mapa de la Memoria valora, establece circunstancias, contextualiza, de tal manera que el criterio objetivo se subjetiviza. Lo que parece indiscutible, es discutido. Siguiendo con el ejemplo paradigmático de Pardines y Etxebarrieta, uno habría sido presuntamente atacado, el otro atacante. Uno víctima inocente, el otro verdugo eliminado en legítima defensa. La ausencia de Etxebarrieta en este listado legitima su muerte, al no llegar a la entidad de vulneración del derecho a la vida. Según el documento de Jonan Fernandez, aquel fue un hecho de restablecimiento del orden público, un acto de servicio, la inocuización de un elemento peligroso, efecto del monopolio legítimo de la violencia del estado... En definitiva, en los términos binarios y maniqueos que ahora emplean, «estuvo bien». Despersonalizar y despojar de la condición de víctima a quien se le ha vulnerado objetivamente el derecho a la vida no es la mejor manera de avanzar en la convivencia, si es este el objetivo del Mapa de la Memoria. En los municipios a los que se ha remitido no se va a entender nada.

Es por eso que desde EH Bildu hemos querido completar los errores y las ausencias de estos listados, hablando con los pueblos, trasladándoles materiales que completen la fotografía y acordando cómo trabajar en base a ellos.

Es por eso que consideramos que, sin ser exhaustivos por el espacio de este artículo, vemos ineludible que en cualquier acto que pretenda ofrecer una imagen nítida de la vulneración del derecho a la vida, no se puede obviar a Eustako Mendizabal, Fran Aldanondo, Alvarez Peña, Nicolas Mendizabal, Sebas Goikoetxea, Manu Urionabarrenetxea, Juan Oiarbide, Patxi Itziar, Iñaki Ormaetxea, Jokin Leunda… Deben desterrarse dudas sobre otros, tales como Lutxi Urigoitia, Jose Luis Geresta, Susana Arregi, Jon Lizarralde o casos de torturas incuestionables: Xabier Kalparsoro o Gurutze Iantzi fueron detenidos en pleno disfrute del derecho a la vida y devueltos muertos a sus familiares. Punto. Hecho idéntico a las víctimas mortales de la política penitenciaria, ya en los casos de presos muertos bajo la responsabilidad de instituciones penitenciarias o ya por ser víctimas directas de la dispersión, un hecho que no podemos considerar un mero accidente, sino una consecuencia inmediata y previsible de una política concreta, aplicada por responsables políticos conscientes de sus efectos.

El listado de Lakua ha hecho un esfuerzo denodado por hacer desaparecer las víctimas producidas por la Ertzaintza, lo cual supone además un bisel de politización intolerable, mientras se pontifica sobre los valores de la autocrítica. Además de que víctimas inapelables como Rosa Zarra, Kontxi Sanchiz o Imanol Iparragirre aparezcan como sujetos a mayor investigación –sin proponer, por cierto, cual es el método para realizarla– desaparecen del texto casos como Juan Calvo Azabal o José Atanes, de los cuales se derivaron responsabilidades penales para la Ertzaintza. Se sigue el método de obviar casos de ejecuciones extrajudiciales tales como las de Juan Mari Ormazabal, Angel Irazabalbeitia, Ina Zeberio, Arkaitz Otazua… Incluso se niegan a valorar el caso de Iñigo Cabacas, al menos en deferencia a la solicitud de su familia trasladada al propio lehendakari. La disculpa: «los retratos llegan a 2010».

Como decimos, en el informe hay errores y faltas clamorosas. Se puede concluir que no se ha buscado toda la verdad, sino que se pretende dejar ciertos retazos de la verdad a la vista, ocultando otros. Con un interés concreto. No es eso lo que EH Bildu quiere. La cuestión de las víctimas se debe tratar con sosiego, mediante una reflexión profunda, con pedagogía. Hablar con las víctimas, lo cual no se ha hecho en este trabajo. Actuar con flexibilidad, con empatía, promocionando el entendimiento mutuo. Requiere honestidad, responsabilidad, humildad. Ser propositivas, ser constructivas sobre principios sólidos, sin biseles ni cálculos partidistas. Trabajar, construir el acuerdo sobre los casos oportunamente verificados, sin exclusiones. Porque todos los hechos deben ser tomados en consideración, para que sean la base de la verdad y la justicia.

Y esos son los principios que guiarán la actuación de EH Bildu en este ámbito. Desde esa visión plantearemos actos de memoria en pueblos y ciudades, desde el gobierno o la oposición. Esa es nuestra disposición y compromiso.