Hace unos días se publicó un nuevo estudio sobre el problema del acceso a la vivienda en las principales ciudades del Estado español. Lamento decir que la medalla de oro en el ranking se la lleva Donostia, por ser la ciudad en la que solamente el 0,7% de los pisos en alquiler están disponibles por una mensualidad de 750 euros. Analizando la tendencia de los últimos meses, no es exagerado decir que Donostia entrará en el 2022 sin tener ni una vivienda en el mercado de alquiler por menos de 750 euros al mes.

La combinación de estos elevados precios con la precariedad de los sueldos nos dejan una ecuación de difícil solución, sobre todo, si seguimos moviéndonos en el mismo modelo de desarrollo de los últimos años.
 
Hace unos días, los portavoces de Áncora –colectivo que trabaja en defensa del patrimonio histórico-artísticos de Donostia– lo decían claro ante el esperpento del derribo del Bellas Artes: no hay un solo proyecto urbanístico del PNV donostiarra, con Eneko Goia a la cabeza, que no tenga como resultado hacer un nuevo hotel. Y es que la realidad es tozuda: en los últimos 6 años este alcalde ha dado licencia a 35 hoteles. El número 36, el que quieren hacer en la ribera del Urumea, ha sido paralizado tras la denuncia de EH Bildu.

En la otra cara de la moneda tenemos el 7% de pérdida de población que han sufrido los barrios de Gros, Centro y Parte Vieja en la última década. Una pérdida que se acentúa entre las personas en edad de emancipación, por razones obvias. Nos encontramos así construyendo una ciudad en la que las y los jóvenes tendrán que compartir vivienda como única opción para vivir en ella, pagando precios estratosféricos por habitaciones en las que construir un proyecto vital es un rompecabezas.

Ante esta situación, son numerosos los colectivos que exigen al Gobierno Vasco que declare la CAPV como zona tensionada por la subida abusiva de los precios del alquiler, sobre todo en las tres capitales, destacando Donostia como municipio en el que la mayoría de la ciudadanía con rentas medias y bajas –situación económica agravada por la pandemia– no puede acceder al mercado de alquiler ni al insuficiente parque de vivienda de alquiler social. Según estudios realizados por Stop Desahucios, las familias vascas dedican más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, sin contar otros gastos; una situación insostenible que origina el aumento de demandas de desahucio por impago de estos abusivos alquileres.

A este aumento de demandas de desahucio por impago de alquiler, se suman los desahucios constantes de personas que ante la falta de opciones y recursos sociales, buscan cobijo en edificios o fábricas abandonadas de la ciudad. Ya en noviembre del 2020, en plena pandemia y con una orden de toque de queda obligatorio en esa fecha entre las 23:00 y 06:00 horas para evitar la dispersión de los contagios del covid-19, vimos como la protección socio-sanitaria parece entender de clases sociales y le dio igual dejar en la calle a 60 personas la noche del 5 de noviembre, tras el desalojo de la fábrica del Infierno. Muchas de esas personas siguen, a día de hoy, durmiendo en las calles donostiarras y alimentándose gracias al tejido asociativo de la ciudad. Este mes, con una situación pandémica mejorada, pero con una realidad socio-económica más dura, vemos repetirse este tipo de situaciones con los desalojos ocurridos en varios edificios de los barrios de Añorga y Martutene.

Siendo conscientes de que estos problemas son globales y estructurales, no podemos compartir la parálisis del gobierno municipal de Donostia ni pasar indiferentes ante eslóganes como «ciudad que no deja a nadie atrás», cuando el día a día nos enseña que estamos lejos de llevar a la práctica esas buenas intenciones.

Donostia afronta este invierno con el mayor número de personas sin hogar de su historia reciente. Y es que esta cifra se ha duplicado en comparación a años anteriores, existiendo una bolsa de entre 60-100 personas que no tendrán plaza en ningún recurso social. Lejos quedan los objetivos acordados de la «Estrategia Vasca Para Personas Sin Hogar», siendo uno de ellos reducir un 20% el número de personas sin hogar durmiendo en las capitales vascas para el 2020.

Y más allá de la crítica política, nos encontramos ante la encrucijada de cómo desandar esta maratón que no tiene otra meta que una ciudad excluyente y competitiva, hecha solo por para unos pocos –en masculino–, cuyo cambio de rumbo pasa por acuerdos de izquierdas que posibiliten blindar derechos sociales, aumentar el presupuesto de acción social y poner techo al precio abusivo de la vivienda donostiarra.