Martin Villa: el cerco se estrecha

14/06/2019

De un tiempo a esta parte, Rodolfo Martín Villa está pasando de los elogios democráticos hacia su persona al cuestionamiento de su papel en la historia. Cuando en el futuro se escriba su biografía, nadie podrá ocultar que fue imputado por crímenes contra la humanidad. Ni que importantes ayuntamientos se querellaron criminalmente contra él. O que por toda la geografía estatal (Andalucía, Asturias, Illes Balears, Catalunya, Euskal Herria, Galiza, Madrid, País Valencià...) se extendió como una mancha de aceite una campaña en exigencia de «¡Juicio a Martín Villa!».

Las buenas noticias se repiten día a día. Los ayuntamientos de Gasteiz, Iruñea, Arrasate, Rentería e Irun (otros más ultiman sus acuerdos) han denunciado su responsabilidad política en distintos crímenes policiales, aún impunes, cometidos en sus localidades durante los años en que él era ministro del Interior. Junto a ello, se le ha declarado «persona non grata» por amplias mayorías municipales, amparadas por los votos de EH Bildu, Geroa Bai, Podemos, PNV y, en los tres últimos casos antes citados, también del PSE.

En Nafarroa, la bola no cesa de crecer. La querella criminal interpuesta conjuntamente el pasado enero por «Sanfermines-78: gogoan!», familiares de Germán Rodríguez –asesinado por balas policiales en aquellos Sanfermines– y varias personas más heridas en aquellos sucesos, ha recibido no solo el apoyo del Ayuntamiento de Iruñea, sino también su decisión de sumarse activamente a la propia querella. Acuerdo similar al adoptado por la Federación de Peñas sanfermineras que pronto será también co-querellante en esta iniciativa. Por su parte, el Parlamento de Navarra, por mayoría de dos tercios (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, PSN e I-E), ha dado también su apoyo a la querella y solicitado al propio Gobierno de Navarra que adopte un acuerdo similar, que esperamos sea pronto realidad.

En el ámbito internacional, una representación de la iniciativa «¡Juicio a Martín Villa!» ha viajado estos días al Parlamento Europeo invitada por el Intergrupo de Memoria Histórica del mismo (Podemos, IU, ERC, PDeCat, PNV, BNG, EH Bildu), a fin de explicar en ese foro, ante representantes de distintos países, los motivos de la campaña y la necesidad de extenderla por todo el ámbito geográfico de la UE. La acogida, por cierto, ha sido excelente.

Por último, el pasado 27 de marzo, la jueza argentina Servini ha citado a declarar ante ella a Martín Villa para el próximo 9 de setiembre. En más de una ocasión este ha manifestado públicamente su plena voluntad de hacerlo para defenderse. Pues bien, ¿comparecerá finalmente ante la jueza o recurrirá a aquello de «donde dije digo, digo Diego»?

En el manifiesto de la iniciativa «¡Juicio a Martín Villa!», suscrito por más de treinta asociaciones memorialistas de todo el Estado y más de diez grupos de familiares de víctimas policiales, se recuerda su currículum franquista: jefe nacional del SEU, secretario general del Sindicato Vertical, gobernador civil de Barcelona y, finalmente, durante la Transición, ministro de Relaciones Sindicales con el Gobierno de Arias Navarro y ministro del Interior con el de Suárez.

«Durante su mandato como ministro –se dice– ejecutó una política de Estado represiva y cruenta donde se cometieron crímenes tan graves como los de Vitoria-Gasteiz, semana pro-amnistía, sanfermines, caso Scala..., o los ocurridos en diferentes manifestaciones habidas a lo largo y ancho del Estado español: Madrid, Málaga, Tenerife, Alacant, Barcelona... A resultas de ello, Martín Villa ha sido imputado en los tribunales argentinos por crímenes contra la Humanidad. Pero ello resulta insuficiente. Sus responsabilidades deben ser depuradas también por los tribunales del Estado español, lugar donde, bajo su mandato, se cometieron los crímenes antes señalados».

Afirma asimismo el manifiesto que Martín Villa es «uno de los mejores ejemplos de lo que ha sido la política de puertas giratorias gracias a la cual altos cargos franquistas han pasado a ser importantes empresarios del Ibex-35 (en su caso, presidente de Endesa y Sogecable) y consejero de Sareb, el «banco malo», creado durante la crisis bancaria. El nuevo régimen nacido en 1978 fue así generoso con él y no solo blindó su persona a fin de hacerle impermeable a todo tipo de responsabilidades penales, sino que le concedió todo tipo de prebendas, tanto económicas como honoríficas.

Volvemos al principio. No hay razones para tirar ninguna toalla, sino para todo lo contrario. Al igual que lo hicieron en Argentina los grupos de derechos humanos y las Madres de la Plaza de Mayo, se trata de golpear una y otra vez en las brechas ya abiertas hasta que las murallas de la impunidad caigan de una vez. Hasta que salte en pedazos la Ley de Amnistía, ley de punto final, y hasta ver desfilar por los juzgados a los responsables del genocidio franquista.

Allí, al otro lado del océano, tras largas y duras luchas, consiguieron echar abajo la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida y abrir camino a la justicia reclamada. Tan solo en 2017, hubo en ese país casi 200 condenas por crímenes de lesa humanidad, a sumar a las dictadas en años anteriores y a las que aún hoy se siguen dando. Lo dijo Bertolt Bretch cuando el III Reich afirmaba que duraría mil años: «Que nadie diga jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga nunca jamás».

Quizás la afirmación pueda parecer un tanto optimista, pero el cerco sobre Martín Villa se estrecha cada vez más. Queremos que responda ante la Justicia porque junto a él se juzgarán también de alguna forma todos los crímenes cometidos durante la llamada transición, en la que se asesinó, torturó y reprimió a fin de imponer un régimen que preservó la continuidad de partes fundamentales de la dictadura y asentar sobre este el actual sistema neoliberal.

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