Tras la primera ronda de contactos con los grupos de la oposición, el consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro Azpiazu, ante el documento que le presentó EH Bildu, en el que se proponía «abordar la reforma fiscal creando una ponencia para el debate público al respecto a fin de que la nueva política fiscal entre en vigor en 2023», aseguró que el de la fiscalidad es un «ámbito en el que esta negociación no va a entrar». Por eso quiso «enfatizar» que Elkarrekin Podemos-IU había «sacado de la ecuación» esta cuestión.

¿Existe alguna tabla de mandamientos que prohíba hablar de fiscalidad en una negociación presupuestaria cuando de hecho los impuestos son la columna vertebral del apartado de ingresos? ¿Quizá sea que no se puede entrar en esta materia en el Parlamento porque es competencia de las Juntas Generales forales? Por supuesto que no. Ni lo uno ni lo otro. No es más que una cuestión de conveniencia o de necesidad.

Hace cuatro años, PNV y PSE precisaban del apoyo o la abstención de un grupo para poder aprobar los presupuestos de 2018 en la CAV y también en Araba, y para ello negociaron una reforma fiscal con el PP en el sentido que pedían ese partido, Confebask y también el propio PNV. Bajaron el Impuesto de Sociedades del 28% al 24% –un punto por debajo del «territorio común»–, adoptaron otros compromisos de futuro y todo con el visto bueno del PSE.

A última hora del 28 de noviembre llegó a las redacciones un comunicado que comenzaba así: «EAJ-PNV, PSE-EE y PP hemos alcanzado esta noche un acuerdo en materia fiscal que, vía enmiendas, presentaremos en las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos, donde sumamos mayorías suficientes para su aprobación y entrada en vigor en 2018».

Al día siguiente, 29 de noviembre, el consejero Pedro Azpiazu, y el portavoz económico del PP, Anton Damborenea, firmaron el pacto presupuestario, flanqueados de las parlamentarias Jone Berriozabal (PNV) y Alexia Castelo (PSE). En su discurso de aquel día, Azpiazu ni mencionó el acuerdo fiscal. Semanas después, ante el pleno, no quiso «volver» sobre «los espacios fiscales» negociados con el PP «por resultar conocidos y redundantes». No quería hablar de ello. Pero el documento firmado con el PP recoge que el acuerdo era producto del «acercamiento concertado» entre las partes para «una actualización tributaria coherente con la supervivencia financiera de las instituciones». Y aquello fue un acuerdo ejecutivo, no simplemente crear una ponencia como propone ahora EH Bildu.

Casualidad o no, esta negociación llega también en un contexto marcado por otro debate presupuestario abierto por el propio lehendakari al denunciar el «dumping» de Madrid. Hoy por hoy, el Gobierno de Lakua y el PNV se niegan a aceptar la desaparición del Impuesto de Patrimonio, presentando una cara social frente a los planteamientos de Isabel Díaz Ayuso, buscando una comparación con una derecha aquí antipática en la que se sienten favorecidos.

Pero no debiéramos olvidar que hace apenas dos años, en octubre de 2019, el diputado general de Araba, Ramiro González, propuso eliminar el Impuesto de Patrimonio, en línea con las reflexiones de la Diputación de Bizkaia, a la que tampoco le gusta el de Sucesiones.

Guardemos pues las declaraciones que ahora se están haciendo desde las filas jeltzales para diferenciarse del Madrid de Ayuso, no sea que en unos meses las enmienden con sus hechos.

Desde el Gobierno de Lakua se suele incidir también en que la oposición presente propuestas que se ciñan al ámbito presupuestario, cuando en Madrid el PNV quiere cambiar la Ley de Deporte a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para, según ha expresado el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteba, adelantarse «a una circunstancia que iba a llegar en junio», para que la modificación legal «no atrape en medio los procesos electorales del Athletic, o un club humilde como el Amorebieta no pase a sociedad anónima deportiva». Esteban también hacía gala de haber conseguido del Gobierno español, a través de la misma negociación presupuestaria regular, «una competencia de profundo contenido foral: la convocatoria y designación de los secretarios e interventores municipales».

Lo que el PNV hace en Madrid no se lo admite a la oposición en Gasteiz. La razón es que la negociación presupuestaria teniendo mayoría absoluta es una cuestión de imagen, no de necesidad para su aprobación.