Olaia Duarte
Concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia

Mujer y pensionista: El rostro de la pobreza en Donostia

El Ayuntamiento de Donostia puede y debe desarrollar medidas de protección específicas a corto plazo para el colectivo de pensionistas, sobre todo, para mejorar la situación económica de las mujeres mayores de 65.

El 8 de marzo miles de mujeres de todas las edades llenamos las calles de Donostia para protestar por la desigualdad de género. Una desigualdad que padecen especialmente las mujeres mayores de 65 años, sobre todo aquellas que sobreviven con pensiones de viudedad por debajo del umbral de la pobreza.

Vemos estos días a las y los pensionistas salir a la calle para protestar por su cada vez peor situación económica. Los últimos estudios alertan de que un tercio de las pensiones que cobran ciudadanos vascos están por debajo del salario mínimo y que muchas de esas personas necesitarían una renta complementaria de 427 euros al mes. Esta realidad se agrava en una ciudad tan envejecida como Donostia, donde cada año son más los y las pensionistas que se ven obligadas a pedir ayudas sociales para llegar a fin de mes, poder encender la calefacción, etc. Los datos de este deterioro son demoledores.

En cuanto a las Ayudas de Emergencia Social que concede el Ayuntamiento de Donostia, en términos generales, en los últimos años han descendido las solicitudes (entre 2015 y 2017 las peticiones han bajado un 6,28%). Sin embargo, hay un sector de la población donostiarra para el que la tendencia es justamente la contraria: cada vez más personas mayores de 65 años se ven obligadas a pedir las ayudas de emergencia social en nuestra ciudad. Mientras que en 2015 las peticiones de esta franja de edad eran el 28% del total, en 2017 han subido hasta el 35%. Y dentro de este colectivo son las mujeres las que más sufren situaciones de extrema necesidad: el 80% de solicitantes mayores de 65 que tienen que pedir Ayudas de Emergencia Social en Donostia son mujeres.

Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre entre las personas a las que no les queda más remedio que pedir la RGI. El 25% de las personas que piden esta ayuda económica en la CAPV, 15.000 personas, son lo que se conoce como «pensionistas pobres» que cobran una pensión inferior a 787 euros. Una vez más, dos de cada tres son mujeres.

Estos datos dejan en evidencia el deterioro de las condiciones de vida de centenares de mujeres donostiarras mayores de 65 años y debemos lamentar que entre las prioridades del Gobierno de Eneko Goia no esté el poner en marcha un plan específico para mejorar la calidad de vida de estas personas y fomentar el acceso a las ayudas económicas. Y eso a pesar de tener muchos más millones disponibles en los presupuestos de esta legislatura (en 2018 dispone de 86 millones de euros más que en 2015). Pero las prioridades del Gobierno de coalición PNV-PSE son otras, a la vista están. De hecho, Goia ni mencionó (!) las políticas sociales entres sus retos para 2018.

La polémica generada en torno al 0,25% ha sido la gota que ha colmado el vaso para este colectivo de personas. Ejemplo de ello son las centenares de pensionistas donostiarras que piden cada lunes frente al Ayuntamiento pensiones dignas, de al menos 1.080 euros al mes, y la plena capacidad competencial para poder asumir las transferencias de las cotizaciones realizadas por los y las trabajadoras vascas. EH Bildu está apoyando estas movilizaciones semanales y, por supuesto, participaremos activamente en la manifestación que se ha convocado para este sábado día 17 de marzo en Donostia.

¿Y qué más se puede hacer? Desde EH Bildu pensamos que el Ayuntamiento de Donostia puede y debe desarrollar medidas de protección específicas a corto plazo para el colectivo de pensionistas, sobre todo, para mejorar la situación económica de las mujeres mayores de 65. Una medida que se echa en falta es informar a este colectivo de las ayudas disponibles en el mismo Ayuntamiento de Donostia. Y es que muchas de estas personas desconocen las prestaciones a las que podrían tener acceso, por desinformación o porque no se acercan a los centros de servicios sociales, y es la administración pública la que tiene el deber de acercarse a sus lugares de encuentro (casas de cultura, hogares del jubilados, asociaciones...).

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