Cuando la fuerza armada permite a una potencia gobernar otros territorios y naciones, de forma directa o indirecta, y hacerse con el control de los principales recursos, despojando pueblos enteros de sus riquezas, estamos ante una relación colonial profundamente asimétrica que podemos calificar de vasallaje. Es el tipo de vínculos que Estados Unidos está imponiendo allí donde puede, para fortalecer su economía, contener a China y asegurarse la dominación del mundo occidental.

Lo que están haciendo desde el 3 de enero, cuando invadieron Venezuela y secuestraron al presidente y a su pareja, es toda una declaración de intenciones, un verdadero programa que anticipa nuevas intervenciones. Lo que han conseguido es tremendo: el control mayoritario de diecisiete campos petroleros venezolanos con 65.000 millones de barriles de reservas probadas, alrededor del 22% de las reservas totales. Aunque hay varias versiones, se trata de un acuerdo por 25 años (según Trump, por cien). 

Se menciona que habrá 100.000 millones de dólares en inversión y unos 209.000 millones de dólares en regalías e impuestos para el Estado venezolano en los primeros 25 años, a través del desarrollo de diecisiete campos petroleros estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Hay discrepancias hasta en los años que duraría el acuerdo, porque la opacidad es lo que predomina, como en cualquier relación colonial asimétrica en la cual el patrón no tiene por qué dar explicaciones. Ni siquiera se han firmado contratos. 

El acuerdo se viabilizaría a través de North American Blue Energy Partners (Nabep), la sociedad mercantil que ha recibido los derechos de explotación de los pozos. El Gobierno de Estados Unidos tiene una participación accionaria del 35% en la matriz de Nabep, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, y un 20% garantizado de la producción a precio de costo para el Departamento de Estado, además de derecho de primera opción sobre el 80% restante ("El País", 3-IX-2026). 

Es increíble que la presidenta Delcy Rodríguez haya dicho que «Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos». Más increíble aún es que quienes hicieron gala de un fuerte antiimperialismo verbal, poco después del secuestro de Maduro, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permite el ingreso del capital extranjero a Venezuela. 

El cambio es tan abrupto que reina el desconcierto en casi toda la izquierda continental. Este es un efecto activamente buscado y ampliamente deseado por la Casa Blanca y el Pentágono, ya que en medio del caos y la confusión es como mejor hacen avanzar sus intereses. Más confusión aún cuando el chavismo y la oposición, como buena parte de los venezolanos, están divididos, sin acertar a una lectura adecuada de la situación. El oficialista PSUV apoya a la presidenta y Diosdado Cabello, su máximo dirigente, que en diciembre de 2025 prometió «ni una gota» de crudo hacia Estados Unidos, hizo una pirueta difícil de explicar apoyando ahora la nueva relación de vasallaje con Washington. 

Todavía hay muchas personas honestas que aseguran que el chavismo en el gobierno está «maniobrando» ante una situación difícil, pero que mantiene enteros sus valores, mientras otra parte de la izquierda regional los considera «traidores» sin más. Sin embargo, no conozco una evaluación serena que permita comprender lo que está sucediendo, sin adjetivos y con argumentos razonados. Propongo varias cuestiones a tener en cuenta. 

La primera es que el Pentágono desató una ofensiva militar tan brutal, con complicidades internas, que muestra una impresionante asimetría en cuanto a capacidades de destrucción y de acción directa sobre el terreno. Esto puede explicar el repliegue de algunas personas, pero no alcanza para entender porqué se pasaron al campo vencedor. Resistir tiene un costo tremendo, pero todo indicaba que el chavismo estaba dispuesto a no dejarse porque, recordemos, según sus palabras, se trataba de una «revolución». 

La segunda es que el problema no puede haber comenzado el 3 de enero de 2026. Nadie cambia tanto en 24 horas. Esa necesario rastrear lo que venía haciendo la cúpula chavista desde años, y todo indica que ejerció una fuerte represión contra su pueblo y que sus principales cuadros vivían cómodamente, sin duda como consecuencia de una extensa y tolerada corrupción. De esto se habló mucho durante los años dorados de la «revolución bolivariana», pero no puede esconderse que la mayor parte de las izquierdas lo negaban. 

La tercera son las tremendas lecciones que esto nos deja. La principal es corroborar que los planes del imperio en su momento decadente lo están llevando a una guerra interminable contra los pueblos y los países del Sur Global. La intensidad de esa guerra de exterminio podemos apreciarla en Gaza y en Cisjordania, pero también en Irán y en Cuba, y nada indica que vaya a tener un final. Entre los analistas ya es un lugar común hablar de armas nucleares tácticas, que podrían ser usadas con el pueblo iraní y, quien sabe, contra aquellos que resistan al imperio. 

Pero también nos deja la lección de aprender a escuchar con cautela a los dirigentes, no a seguirlos de forma irreflexiva. En particular, cobra especial relevancia la necesidad de distinguir entre pueblos y gobiernos. Los primeros merecen nuestra solidaridad incondicional. Los segundos adquieren fácilmente un perfil represivo, sobre todo en estos momentos tan dramáticos. El caso de Irán, es muy claro: apoyar al sufrido pueblo iraní no implica respaldar a una teocracia que ha cometido crímenes y abusos. 

Nos está haciendo falta debatir y estudiar en serio, porque, en los momentos de confusión como el actual, no vamos a llegar muy lejos repitiendo viejas consignas. Por lo menos en este continente, vemos crisis en las organizaciones populares y confusión entre sus militantes.