En las tres diputaciones y en los principales Ayuntamientos de la CAV, los pactos y acuerdos de gobierno han sido suscritos por PNV y PSOE. Cuando parecía que estaba en declive el PSOE, ha tomado un impulso sin precedentes en la CAV «por intercesión» del PNV.
El PSOE ha logrado en la CAV participar en muchos gobiernos. Resulta curioso esta circunstancia teniendo en cuenta que la mayoría de la ciudanía en esta comunidad está pro-Euskadi; mientras el PSOE, como nacionalista español, se decanta pro-España. Lo manifiesta en cuantas ocasiones es preciso. Lo cual no significa que entre ambas fuerzas consolidadas como nacionalistas vascos y nacionalistas españoles, con sus principios fundacionales, unos aspirando a una nación vasca dentro de Europa y los otros a la unidad de España, puedan realizar una gestión satisfactoria.   
La estabilidad basada en mayorías absolutas no significa, en modo alguno, eficacia, desarrollo equilibrado, transparencia, servicio a la ciudadanía, más democracia… Las mayorías absolutas solo significan que lo acordado por la institución saldrá adelante. La decisión acordada puede ser buena, mala o muy mala. Demasiado elemental. Obsérvese lo sucedido con las mayorías absolutas de los gobiernos del PP y anteriormente del PSOE.
En los últimos 30 años la sociedad vasca ha cambiado mucho en aspectos tan importantes como el derecho a decidir, y lo relacionado con ello, es decir, la proyección de futuro. Ya no procede centrarse únicamente en lo que se entiende por el día a día. Es elemental y básico que los diferentes gobiernos deban dedicarse a resolver los problemas más acuciantes que afectan a la ciudadanía y a proyectar dinámicas que hagan posible el desarrollo y sostenimiento del bienestar. Es prioritario atender y resolver las situaciones que se están dando en los sectores más afectados por la crisis: pobreza, paro, enfermedad, vivienda, jóvenes, mayores de 50 años…
Estas situaciones acuciantes deben ser objeto de atención especialmente rápida. Un sistema democrático serio y coherente no debe admitir que se den estas situaciones. Y si se dan por diversas circunstancias, deben impulsarse medidas de resolución inmediata.
Los responsables que han hecho posible que estas situaciones de extremada gravedad afloren en la sociedad deberían ser sancionados severamente por el sistema.
Seguramente los gobiernos que se han establecido en Diputaciones y Ayuntamientos, se dedicarán a gestionar e impulsar cuantas medidas sean necesarias en lo que hemos señalado como el día a día, tratando de ser lo más eficaces posibles respondiendo a las exigencias de la ciudadanía. Pero esto no es suficiente, falta un «hervor»… ese que es fundamental para obtener el punto de equilibrio final.
Dedicarse a la gestión ordinaria en las diferentes áreas: social, economía, industria, servicios, sanidad, educación, investigación y desarrollo, cultura, deportes, turismo, infraestructuras diversas, movilidad… no significa, en modo alguno, que haya que descuidar, ladear, aplazar… un fin fundamental de nuestro país: alcanzar el estatus de nación libre en Europa. Para ello, es indispensable, en principio, alcanzar el reconocimiento del «derecho a decidir». Inversamente, dedicar el tiempo necesario a esta cuestión básica tampoco implica el menor descuido en la gestión ordinaria de cualquier gobierno.
He aquí el problema de este tipo de coaliciones. No puede haber futuro cuando los pactos de gobierno se realizan entre formaciones divergentes en aspectos tan importantes como el derecho a decidir del pueblo vasco, de la sociedad vasca. Es decir, nacionalismo vasco (PNV), con nacionalismo español (PSOE). Lo han dicho hasta la saciedad: el PSOE nunca apoyará el derecho a decidir. Recientemente el que fuera Delegado del Gobierno español del PSOE en la CAV coincidiendo con la actividad del GAL, Ramón Jáuregui, afirmaba que la Constitución nunca admitirá el derecho de autodeterminación de Euskadi.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE en España, afirmaba en una reciente reunión con responsables autonómicos y otros del PSOE que su partido defiende la unidad de España en todo el territorio, «también en Cataluña», y que la reforma de la Constitución que impulsa tratará de «garantizar una articulación mejor de la unidad de España». Si llega al poder, tendrá como límite la «unidad» de España.
El PSOE, en esta materia, no engaña a nadie. Lo que procede es tomar buena nota de ello.
Nafarroa constituye un gran ejemplo a tener en cuenta. Ha sido posible el consenso entre cuatro grupos políticos demócratas y progresistas entre los cuales se encuentran los abertzales, gracias a actitudes abiertas y sensatas en torno a objetivos comunes, aunque con matices diferentes, siempre presentes entre varios grupos, pero siempre posible de superar suficientemente.
Las instituciones de mayor relevancia, el Ayuntamiento de Iruñea, el Parlamento y el Gobierno de Nafarroa, han sido asumidos por las fuerzas del cambio. Es un avance espectacular que sin duda tendrá consecuencias muy positivas para la ciudadanía del lugar, Nafarroa, pero también para Euskadi/Euskal Herria en su conjunto.
El caso de Grecia suscita innumerables reflexiones. Por un lado están las que emiten los agentes «orgánicos», me refiero a todo tipo de personas y organismos, juristas, economistas, periodistas, articulistas… que siempre están con la ley, la norma, la Constitución, las instituciones que mandan y determinan qué hay que hacer… y los demás, en este caso la ciudadanía griega, a cumplir, como los demás.
Estas actitudes me producen desazón, tristeza, ganas de echar a correr… ¡Qué mal en democracia, solidaridad y humanidad!
Ha sido un ejemplo de solidez democrática, moral e intelectual, la actitud de Tsipras. Desde el primer momento intentó reorientar las exigencias de la Troika para que fuera más realista con la situación del país y no perjudicara a los sectores más vulnerables de la sociedad griega, que ya se encontraban en una situación caótica. Pero luchaba contra un «monstruo» que con demasiada frecuencia actúa sin alma y al servicio de los grandes intereses económicos-financieros.
La Troika seguía exigiendo al Gobierno griego, para acogerse a un nuevo rescate, un programa imposible de cumplir. Con el agravante de reducir las pensiones y aumentar el IVA. O sea, ese impuesto indirecto que lo mismo pagan los miembros de la Troika, que cobran entre 25.000 y 35.000 € mensuales, que un pensionista cuyos ingresos pueden rondar 400 € mensuales.
Una vez más el desastre en la gestión y actuación de las elites económico-financieras, empresariales, y políticas, incluidas las corruptelas y el fraude fiscal que llevó a Grecia al caos, lo tiene que pagar el pueblo llano, la sociedad que no ha tenido ni arte ni parte en el desastre.
Para vergüenza de demócratas y solidarios, esto también es Europa. ¿Dónde están las fuerzas democráticas y progresistas?