El incremento de las pensiones en un 0,25% que estaba previsto para este año terminó con la paciencia de nuestras y nuestros mayores. Llevan semanas llenando las calles y plazas de Hego Euskal Herria. Han sido años de estoicismo en los que han visto congelados sus ingresos o, a lo sumo, el incremento de los mismos ha sido ridículo. Hasta que la gota ha colmado el vaso. Es la presión de sus movilizaciones la que ha llevado a mejorar el incremento previsto para este año. Un acuerdo presupuestario claramente insuficiente que, si bien no empeorará la posición económica de nuestras y nuestros mayores, tampoco la mejorará.

La mecha ha prendido en todo el Reino, pero al igual que en otros muchos aspectos, la situación de partida en la Comunidad Autónoma del País Vasco es diferente. Echemos la vista atrás. Hace ahora diez años, la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social reconocía, con algunas excepciones, el derecho de las pensionistas vascas a complementar sus bajos ingresos hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional.

Esa es la protección que las instituciones vascas dieron a las pensionistas vascas durante cuatro años. En 2012, con el pretexto de la crisis económica, todo cambió. La ley por la que se aprobaban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi estableció que los complementos de pensiones reducirían su cuantía en un 7%. Las pensionistas vascas veían cómo se les reducían sus ingresos en 52 euros al mes, 630 euros al año.

Desde entonces, durante los siguientes años, los diferentes ejecutivos vascos, independientemente de si se encontraban en manos del PNV o el PSE y siempre con el necesario concurso del PP, han prorrogado la medida en todas y cada una de las leyes presupuestarias. De esta manera, por ejemplo, una pensionista vasca que durante estos últimos años haya recibido el complemento ha sufrido un recorte de 3.800 euros.

Y llegamos así a 2017, año en el que el Gobierno Vasco duplicó el recorte en los complementos de pensiones. Miles de pensionistas vascas dejaron de ingresar 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Por desgracia, esta historia no termina aquí. Este año, el acuerdo presupuestario entre PNV, PSE y PP ha dado una vuelta de tuerca más a los maltrechos complementos. Serán 125 euros al mes lo que dejen de ingresar las pensionistas vascas en relación al derecho que tenían reconocido en la ley.

Mientras las haciendas vascas presentan unas cifras récord de recaudación, nuestras pensionistas percibirán 1.400 euros menos al año. Cuesta mucho entenderlo. Cuesta mucho entender cómo en el año 2018 no somos capaces de garantizarles tan siquiera la protección que les ofrecíamos hasta el año 2011. La crisis económica ha sido una coartada para que nuestras instituciones reordenen sus prioridades y, por desgracia, nuestras mayores no están entre ellas.

Y cuesta aún más entender que el proyecto presentado por el Gobierno Vasco, y que afectará a los complementos de pensiones, contemple complementar las pensiones solo hasta el 91% del SMI, cuando la vigente Ley que proponen modificar garantiza a las perceptoras de pensiones mínimas y de viudedad unos ingresos del 100% del SMI.

Además, la propuesta de PNV y PSE de desvincular las cuantías de los complementos de pensiones de cualquier referencia para su actualización es un paso atrás que solo generará incertidumbre entre las pensionistas que anualmente deberán esperar a lo que disponga, si lo hace, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca. Las pensionistas como «moneda de cambio» en las negociaciones presupuestarias.

No defenderemos que debamos dejar de mirar a Madrid, de demandar una justa actualización de las pensiones y la transferencia en su gestión en el camino de construir un sistema vasco propio. Pero, mientras tanto, es mucho lo que nuestro país puede hacer por mejorar las condiciones de vida de nuestras pensionistas. Como medida más urgente, utilizar las competencias que tenemos para que, mediante un sistema de complementos, podamos garantizar un umbral de ingresos mínimos a nuestras mayores.

No sé si habrá sorprendido al lector o lectora el uso del género femenino en este artículo. De las 16.000 personas que complementan su pensión con la Renta de Garantía de Ingresos, el 70% son mujeres. No es casual. Tras años de sufrir precariedad en el mercado laboral y de haber asumido trabajos no remunerados, necesarios para el sostenimiento de la vida, en el momento de la jubilación, el injusto sistema de pensiones solo les devuelve precariedad.

Porque mientras esperamos a que los grandes partidos se pongan de acuerdo en Villa y Corte, el tiempo corre, y muchas de nuestras pensionistas malviven con pensiones de miseria. Y nuestro país puede cambiar su situación, solo hace falta voluntad política.