Desde septiembre del 2023, las organizaciones y agentes que trabajan en la atención a las personas migrantes que llegan a la frontera sur del Estado español, registraron una activación de la ruta migratoria canaria sin precedentes, superando, incluso, las cifras registradas durante la denominada crisis de los cayucos del 2006, con la llegada el pasado mes de octubre de un total de 15.194 personas.

Hay numerosos factores que están haciendo que las personas estén poniendo su vida en riesgo en el mar, al no disponer de vías legales y seguras para migrar o buscar protección, entre las que destacan la creciente inestabilidad social y política de los países del Sahel. Crisis, por cierto, de la que Europa y sus Estados miembros son arte y parte con sus políticas neocoloniales, fomentando un expolio de recursos que en nada favorecen al desarrollo del continente africano y desarrollando acuerdos migratorios que fomentan rutas migratorias mortíferas que alimentan redes de trata de personas y generan, a su vez, numerosos beneficios económicos.

Tal y como relatan, Amets Arzallus e Ibrahima Balde en el libro Miñan o como muestra Fermin Muguruza en el documental Bidasoa 20218-2023, la frontera impuesta entre Irún y Hendaia se convierte en un reflejo de lo que ocurre al sur de la península.

Pese a las irrisorias cifras de personas migrantes que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado trasladar a la CAV debido a la saturación de recursos de acogida y atención en las islas (36 personas, es decir, el 0,23% de las llegadas de octubre y ninguna en el caso de Navarra) numerosas personas llegan a Irún y Donostia a diario buscando, tras meses e incluso años de travesía, un lugar en el que poder empezar una nueva vida. Para muchos/as de ellos/as, Gipuzkoa es una parada más en el tránsito hacia otros países europeos y los Puentes Avenida o el de Santiago su puerta de acceso.

No obstante, lo que la mayoría desconoce es que la anchura del Bidasoa se convertirá en, muchos casos, en un obstáculo insalvable, debido a la gestión que los Estados español y francés han impuesto los últimos años. Organizaciones como Ongi Etorri Errefuxiatuak o Irungo Harrera Sarea denuncian el fallecimiento de, al menos, 10 personas migrantes a causa de esta política migratoria. Y es que, al control permanente de la Gendarmería en el Puente Santiago y el de Behobia, disfrazado con un falso argumento de Estado de alta amenaza terrorista, se sumó el cierre a cal y canto desde enero del 2021 del Puente Avenida (puente por el que, por cierto, tuvo que huir el 80% de la población de Irún cuando llegaron las tropas fascistas). La consecuencia de esto son las devoluciones en caliente de forma sistemática y el enquistamiento de una situación en la que las instituciones vascas no tenemos ninguna soberanía ni competencia legal que nos permita gestionar esta política migratoria de otra manera.

Por ello, desde EH Bildu son numerosas las peticiones, denuncias y reclamaciones realizadas en numerosas instituciones del país y mediante el apoyo a las movilizaciones sociales. También en el Congreso y Senado, como la aprobada en septiembre del año pasado, para impulsar medidas eficaces para evitar nuevas tragedias humanitarias y facilitar condiciones de seguridad en el tránsito, evitando cualquier forma de trato discriminatorio por razón de raza, color, origen o identidad, cuyo cumplimiento seguimos exigiendo.

En septiembre de este año era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien, por fin, daba la razón a las entidades en defensa de los DDHH de las personas migrantes, dejando sin amparo legal las prácticas en la muga del Bidasoa, como son las prohibiciones de entrada o las devoluciones en caliente. De esta manera, junto a la presión popular, se forzaba la apertura a peatones del Puente Avenida el pasado 30 de octubre, al menos, para una parte de la población, la no racializada, ya que a partir de esa fecha, en este puente peatonal los controles se realizan a través de cámaras y controles de gendarmes de paisano.

Lejos de dar por finalizada la persecución a las personas migrantes que quieren cruzar este puente con los mismos derechos que el resto de la población, el trato discriminatorio y la vulneración de derechos humanos sigue siendo una constante ahora, incluso, más notoria, al convertir este paso en un check-point por el que solo algunos/as tenemos derecho a tránsito, fruto de los privilegios de nuestra blanquitud.

Las llamadas “devoluciones en caliente”, expulsiones ilegales de personas migrantes por parte de la gendarmería, siguen siendo el pan de cada día. Una presión migratoria que, no olvidemos, se ejerce de manera colaborativa desde ambos lados de la muga, con la responsabilidad de los Estados español y francés en el marco de las políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea.

Este 18 de diciembre, día de las personas migrantes, en el que la comunidad internacional dice reafirmar su compromiso de promover una gestión humana y ordenada de la migración, lamentamos que las políticas migratorias actuales tengan cada vez menos de humano y más de orden. No hay presunción de inocencia para las personas migrantes, con el derecho de tutela judicial sistemáticamente anulado, las penas de privación de libertad por irregularidades administrativas se han convertido en cotidiano (incluso en el caso de los/as menores) y la tramitación para obtener el asilo o la regularización administrativa en base a las leyes de extranjería actuales es desesperante.

Pese a ello, existe un amplio porcentaje de ciudadanía vasca que reclama otro modelo de política migratoria y el trabajo que realizan Aita Mari, Zaporeak, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Mugak Zabalduz o las redes ciudadanas de apoyo a las personas migrantes de uno y otro lado de la muga, son un claro ejemplo de ello.

Miles de vascos y vascas hemos tenido que huir de nuestro país a lo largo de nuestra historia y buscar refugio en otras latitudes. En marzo de este año, sin ir más lejos, la asociación Intxorta 1937 Kultur Elkartea y la Diputación Foral de Gipuzkoa publicaron un estudio que cifraba en más de 10.000 los niños y niñas de Gipuzkoa conocieron el exilio huyendo de la Guerra Civil (guerra del 36).

Es por ello, que en Euskal Herria tenemos una especial sensibilidad con el tema, porque lo hemos vivido en nuestras carnes, es por ello también que desde EH Bildu hemos defendido el derecho al asilo y al refugio en nuestros municipios y ciudades.

Tenemos claro que esta crisis solo se va a agravar en los próximos años a consecuencia de las políticas de expolio y el inmenso daño causado al clima y a los ecosistemas en cada vez más lugares del mundo por la avaricia capitalista. Sin embargo, mientras, por una parte, se fuerza a las personas a abandonar sus territorios, la respuesta europea viene en forma de políticas racistas y xenófobas como el recientemente renovado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que profundizará en la vulneración de los derechos humanos, en las discriminaciones y criminalizaciones de la población migrante, así como en la limitación del derecho a migrar, provocando intencionadamente un mayor número de personas sin ningún tipo de derechos por encontrarse en situación administrativa irregular y de esta manera poder ser tratadas como mano de obra fácilmente explotable.

Además de lo anteriormente señalado, la próxima celebración de los juegos olímpicos este verano en París nos hace intuir que lejos de mejorar el libre tránsito van a traer nuevas vulneraciones de derechos, devoluciones y nuevos cierres que, sin duda alguna, van a generar nuevos peligros y tensiones en las orillas del Bidasoa.

Por todo ello, por la importancia de conseguir una sociedad vasca que garantice una ciudadanía plena para todas las personas, nos corresponde como pueblo decidir cómo queremos gestionar unas políticas migratorias propias, inclusivas y antirracistas, empezando por la asunción de competencias de autogobierno en inmigración y asilo tanto desde Iruñea como desde Gasteiz. Solo de esta manera podremos desarrollar un modelo vasco soberanista para unas políticas migratorias y de multiculturalidad que tengan como meta la construcción de una sociedad mejor, independientemente de cuál sea nuestro origen.