La precariedad vital se mide mediante indicadores de pobreza y condiciones de vida. En situación de pobreza relativa en la CAV, según el último informe de 2018, hay 382.000 personas (es decir, perciben menos del 60% del ingreso mediano, menos de 900 € en el caso de un hogar con una persona) y entre ellos 110.000 en pobreza grave (menos del 40% del ingreso mediano, menos de 600 €). La pobreza relativa ha aumentado un 20 % durante la crisis (2008-2018) y la pobreza absoluta un 65%. El principal origen de esta pauperización se halla en la distribución primaria de la renta en el sistema productivo, pero también de las políticas públicas. La precariedad vital se ve influenciada no sólo por el sistema de protección conformado por las pensiones, la cobertura del desempleo o las rentas de inserción, sino también por la política de vivienda, la imposición fiscal regresiva y los servicios públicos.

No obstante, dada la centralidad del trabajo asalariado como principal fuente de renta de la mayoría de la población, así como la fuente de los ingresos presupuestarios de las administraciones públicas, (el trabajo asalariado provee el 64% de los ingresos de las familias, y el sistema de protección social el 28%), la asignación de salarios, su distribución y su estabilidad constituye la principal causa de la precariedad vital existente. Dicho de otra manera, la principal causa de la precariedad vital es la precariedad laboral, entendida como la insuficiencia en la obtención de recursos de manera estable para disfrutar una vida digna y construir proyectos vitales.

La precariedad laboral se suele medir mediante la situación contractual de los trabajadores, sus condiciones de trabajo y los salarios percibidos, sin olvidarnos de la situación de desempleo. En las últimas décadas se ha producido un claro deterioro en la homogeneidad de la estructura contractual y salarial, debido al aumento de las disparidades entre las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en el aumento de las horquillas salariales (diferencia entre salarios más altos y más bajos), como en el aumento de la temporalidad o ausencia de contratos estables de jornada completa.

A todo ello deben apuntarse dos hechos más: por una parte, el peso de la remuneración de los asalariados (que no del peso de los asalariados entre la masa de empleados) ha caído más de 10 puntos en las últimas décadas, en favor de las rentas vinculadas al capital financiero y físico; y por otra parte, la contribución de la población a las arcas públicas ha devenido más regresiva (las personas con más ingresos contribuyen con un menor porcentaje) en tanto que son las personas asalariadas las principales contribuyentes del presupuesto público. Esta regresividad se materializa en el aumento de los impuestos indirectos como el IVA (proporcional en relación al gasto en consumo, pero regresivo en relación a la renta, debido a que las rentas más bajas destinan a consumo una mayor proporción que las rentas altas); y también mediante las contrarreformas regresivas en los impuestos directos como el IRPF, la reducción del tipo nominal y efectivo en el impuesto de sociedades, y las reducciones o desmantelamientos de los impuestos sobre el patrimonio o las sucesiones o herencias.

Ya en los 90, los informes de Cáritas anunciaban un nuevo fenómeno: disponer un puesto de trabajo no salva del riesgo de pobreza. Hasta las reformas de la década de los 80, la contratación temporal requería de una causa que lo justificara y la contratación habitual era con un contrato indefinido. Con esas reformas de flexibilización laboral se produjo una ruptura que ha llevado a que más del 90 % de la contratación sea temporal, en un extendido y claro fraude de ley, como apuntan múltiples informes expertos.

Con el transcurso del tiempo se ha ido conformando un mercado laboral dual y segmentado donde un 20-30% de la población asalariada se encuentra con contratos temporales que conllevan trayectorias vitales inestables en su mayor parte. Lo que nos posiciona en las posiciones más altas del ranking de temporalidad de la OCDE. Concretamente, para datos de 2018 en la CAV, había 230.000 personas con un contrato temporal, más de la mitad entre la franja de 25-44 años y 71.000 personas mayores, y las mujeres superaban ligeramente a los hombres. Por tanto, al contrario de lo que se suele pensar no es un fenómeno transitorio que afecta a jóvenes, sino que es algo crónico para una parte importante de la población, con toda la problemática social que ello acarrea. Si profundizamos más observamos que la contratación temporal se produce fundamentalmente en el sector de servicios, incluidos los públicos, y lo más novedoso en los últimos años, es el fuerte incremento de la contratación a jornada parcial, concentrada también en los servicios y entre las mujeres.

Del millón de contratos realizados en 2018, casi 400.000 son parciales, dos tercios para mujeres y en su gran mayoría indeseados. Y en lo referido a la duración, 335.000 tenían una duración inferior a una semana, y otros 320.000 entre una semana y un mes. El crecimiento de este tipo de mini-contratos ha sido abrumador, desde 2009 han aumentado un 78 %. El nuevo carácter que se está implantando en el mercado laboral, no ya sólo la segmentación dual del mismo, sino el creciente peso del subempleo, está ampliando y cronificando el número de familias con ingresos insuficientes y la desigualdad social.

Además, la menguante presión fiscal y su posición por debajo de la media europea, y ¡qué decir del nivel de los países más avanzados!, hace que los mecanismos de protección social y de transferencias resulten ineficaces. Todo esto acarrea inseguridad, dependencia, pobreza encubierta, imposibilidad de levantar proyectos de vida de manera autónoma, reducción de la natalidad, y un deterioro de la cohesión social. Más allá de la justicia, incluso en el ámbito empresarial, con todas las facilidades ofrecidas con las últimas reformas laborales, se está incentivando la senda de construir ventajas competitivas de barro a base de reducción de costes salariales e intensificación del trabajo. Algo nefasto a medio plazo. Ya no es sólo la academia, hasta el FMI está diciendo que el deterioro de la cohesión social y el aumento de la desigualdad opera en detrimento de la competitividad.