Escuchando las desafortunadas declaraciones del lehendakari en las que expresaba su desacuerdo con las medidas radicales de confinamiento tomadas por el Gobierno español, llama la atención que su argumento en contra del cierre total de las actividades no vitales consistiera en afirmar que «las empresas competidoras no han cerrado». Quizás pensaba en el comercio internacional con países que o ya han superado la crisis sanitaria o no se han visto afectadas por ahora o bien no han adoptado el mismo tipo de medidas preventivas... Quizás el lehendakari no ha tenido a nadie que le recuerde la reducción generalizada de la actividad económica a escala global, ni la magnitud del riesgo para la salud de todas que supone no reducir drásticamente la movilidad de las personas hasta que la pandemia esté controlada.

En la medida en que estamos confinadas y que solo podemos adquirir los productos cuya producción no se ha prohibido (al margen del comercio por la red), no se entiende la preocupación por «la competencia», nacional o internacional. En efecto, salvo en el caso de las producciones perecederas no vitales en curso (agrícolas como las flores ornamentales canarias, por ejemplo) y, en algunos casos muy concretos en la industria, los hornos altos entre otros, cuyo apagado a falta de mantenimiento sí es muy costoso; se puede afirmar que si no hay producción tampoco hay gastos correspondientes: esto es, se reduce significativamente el consumo de bienes intermedios (aquellos que se utilizan en el proceso productivo).

Por lo tanto, el problema económico inmediato lo presentan los costes fijos, es decir, aquellos que las empresas tienen aunque no produzcan, no abran sus puertas. Afortunadamente el Gobierno español ya está tomando medidas importantes al respecto.

En la situación actual, entre estos gastos fijos destacan los pagos de salarios; las cotizaciones a la Seguridad Social y otros pagos a las administraciones públicas (contribución, impuestos y tasas varias); los gastos relacionados con las instalaciones y su mantenimiento: alquileres o hipotecas de locales, seguros, los suministros de energía (luz, gas, fueloil...), agua, y telecomunicaciones; y los gastos financieros corrientes: pago de intereses y principal de las deudas vivas, pendientes, al margen de las hipotecas ya mencionadas. Sin olvidar los pagos adeudados a proveedores y los créditos otorgados a los clientes, normalmente incluidos en los gastos financieros corrientes. Naturalmente, el peso relativo de cada gasto fijo en relación al volumen de recursos, tamaño y tipo de actividad de cada empresa es muy variable: un taller de mecánica con tres empleados que mueve menos de 150.000 euros al año, una multinacional con decenas de miles de empleados y que factura millones de euros en el mismo periodo, o un jubilado que alquila el piso, que compró hace años, no son comparables. Es necesario bajar al detalle y adecuar la aplicación de las normas con la mayor precisión posible.

Si se suspenden provisionalmente, por decreto ley, todos los pagos (impuestos incluidos), excepto los de los salarios, de las empresas y personas obligadas a no ejercer su actividad productiva habitual, dichas personas y empresas reducirían notablemente su riesgo de desaparecer económicamente y podrían mantenerse en la situación actual, buena o mala es otro debate, mientras la Administración Pública, con la mayor transparencia y control posibles, podría facilitarles el dinero necesario para hacer frente tanto al pago de los salarios como a los gastos que imperativamente pudiesen tener que hacer.

La única parte de tales pagos que, eventualmente, escaparía a esta cuarentena monetaria sería la correspondiente a las deudas externas, casi exclusivas de las grandes empresas y la Administración Pública (el Tesoro español). En relación a esto, en una situación internacionalmente reconocida como de extrema gravedad, los mecanismos internacionales de cooperación financiera deberían bastar también para no perjudicar los intereses de ningún agente, ni residente ni extranjero.

Todo esto, por supuesto, implicaría la intervención directa en la economía de las autoridades públicas en coordinación con el conjunto de agentes sociales y sus organizaciones. Surgirían problemas de gestión e información, desde luego, pero evitaríamos de raíz el posible desmoronamiento general de la actividad y el empleo que algunos agoreros ya están anunciando (hasta el 30% de reducción anual del PIB en los casos más extremos, alrededor de 400 mil millones de euros para el caso español, de los que entre 6 y 7 mil millones –vez y media el presupuesto anual del Gobierno Foral– se perderían en Nafarroa Garaia).

No es un problema de recursos. Tanto los estados nacionales como las instituciones comunitarias europeas han dado prueba de ello en situaciones como los recientes (2010-2015) rescates de las entidades financieras. El muy librecambista gobierno del Reino Unido nacionalizó, pagando con dinero público, la práctica totalidad de los bancos ingleses y nadie ha hecho un solo comentario, ni negativo ni positivo, sobre ello. El Gobierno de Rajoy, poco sospechoso de izquierdista, con la anuencia de la Unión Europea puso un fondo de 100.000 millones de euros a disposición de la banca privada española, que «solo» utilizó 48.000 millones de los que más del 95% está pendiente de reembolso. Por no recordar la deuda pendiente del en su tiempo famoso Fondo de Garantía de Depósitos, inicialmente diseñado para evitar la quiebra del sistema bancario español desde la época del hundimiento de Banesto, y que debía financiarse al 50% (mitad y mitad) por el Estado y las entidades financieras españolas. Hoy es el día en que las entidades bancarias españolas no han devuelto ni el 1% del montón de dinero facilitado entonces.

Esta propuesta de moratoria selectiva pero amplia de los pagos interiores del Estado español implicaría también el cierre del mercado bursátil y un control de facto de la libre circulación exterior de capitales: la estabilidad y supervivencia del tejido económico no puede estar al albur de los miedos y avaricia de quienes se creen a salvo de la amenza sanitaria: también las clases privilegiadas deben unir su esfuerzo al del conjunto de las personas que ha hecho posible su acumulación de riqueza.

A falta de movilizaciones populares (entrañables caceroladas aparte), la Administración Pública es la única valedora que tenemos ahora los y las ciudadanas. La defensa de la salud pública no debe implicar un mayor empobrecimiento de las personas y empresas más indefensas económica y socialmente. Suspender los pagos mutuos y administrar con Justicia y transparencia los recursos que son de todas no será fácil, pero creo que merece la pena intentarlo... y puede ser un primer paso hacia un futuro no ya mejor, sino sostenible.