La revuelta popular que sacude estas semanas la provincia de Jujuy, en el norte argentino, se suma a las que protagonizaron los pueblos de media Sudamérica desde 2019: rebeliones en Chile y Colombia, dos levantamientos indígenas en Ecuador, amplia movilización campesina e indígena en Perú, bloqueos masivos en Bolivia.

En todas ellas, más allá de las particularidades, se registra el protagonismo de los sectores populares urbanos, de indígenas y campesinos, docentes y trabajadores estatales, muchos vecinos sin pertenencia organizativa y, sobre todo, una destacada participación de las mujeres. Comparten también el rechazo al autoritarismo de la derecha y al extractivismo que destruye los pueblos y la naturaleza.

En el caso de Jujuy, la revuelta la protagonizan 400 comunidades originarias, docentes que exigen aumentos salariales y otros funcionarios, en una alianza de hecho rural-urbana contra un gobernador, Gerardo Morales, autoritario y represivo, que se postula a la vicepresidencia con Horacio Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que puede ser el próximo presidente argentino.

La protesta se disparó por la reforma de la Constitución promovida por el gobernador de forma inconsulta y aprobada el 15 de junio por la legislatura provincial. En palabras de la revista “Anfibia”, «la reforma significó la fijación jurídico-política de un proceso de larga data encaminado a disponer los territorios indígenas para la explotación de sus recursos, y a limitar el estallido social que la profundización del modelo extractivista, tarde o temprano, produciría» (“Anfibia”, 21/06/2023).

El objetivo de la reforma consiste en desplazar a los pueblos originarios de sus territorios para facilitar la explotación de litio por las empresas multinacionales. En palabras de Rita Segato: «El texto votado dará acceso a la explotación de los recursos estratégicos localizados en sus territorios en detrimento de los recursos naturales, amenazando con la total desertificación. Cultivos y rebaños hoy mantenidos gracias a tecnologías locales, de largo arraigo y bien adaptadas a un terreno ya inhóspito serán desalojados. La gente entonces se levanta, baja de sus remotos parajes a las rutas e intercepta el acceso a la provincia» (“Anfibia”, 26/06/2023).

Se trata de las empresas Lithium Americas de Canadá, Alkem de Australia y Ganfeng Lithium de China, asociadas algunas de ellas a empresas locales que están presentes en los ocho proyectos en desarrollo en la provincia. Existen amplias reservas de litio en los altiplanos de Bolivia, Chile y Argentina que están siendo disputados por las grandes potencias y sus multinacionales. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, visitó la región en abril y recordó que el 60% del litio del mundo está en el «triángulo de litio», entre los tres países mencionados, y apuntó que su país no puede permitir que China y otros competidores se apoderen de ese material estratégico (“La Izquierda Diario”, 17/04/2023).

Sin embargo, Bolivia acaba de firmar un acuerdo con la rusa Rosatom y la china Citic Guoan Group para explotar las mayores reservas de litio en los salares bolivianos, con inversiones que se acercan a los 3.000 millones de dólares para producir hasta 100.000 toneladas de carbonato de litio para 2025 (La Nación, 29/06/2023).

La disputa geopolítica es cada vez más cerrada y por ahora no se registra un claro vencedor, aunque al parecer China está avanzando por sobre los demás competidores.

Desde los movimientos populares e indígenas se trata de la defensa del agua, ya que «la minería de litio es caracterizada como una minería del agua y de los salares», escriben Gian Ferrari y Silvia Adoue, quienes destacan «el uso hídrico intensivo, la construcción de grandes megainfraestructuras y manejo de grandes volúmenes de insumos con potencial altamente contaminante» (“Zur”, 24/06/2023).

Según la antropóloga feminista que vive en Tilcara (Jujuy), en las protestas «la mayor parte de las que hablan son mujeres, sus argumentos son convincentes, sensatos, y la lógica de la exposición de motivos es impecable. Hablan todas, y su discurso es deslumbrante en lucidez y clareza. Una vez más podemos decir que, en las comunidades, las mujeres son las sujetas del arraigo, las responsables por la continuidad de los pueblos sobre la faz del planeta».

Las comunidades de Jujuy tienen muy claros sus objetivos a largo plazo: «Estamos en la lucha para seguir existiendo». La respuesta del gobernador fue la esperable: represión indiscriminada, concentrada en los ocho cortes de carreteras que se mantuvieron durante la semana. El diario “Página12” constata disparos de pelotas de goma en los ojos, arrestados trasladados en coches sin placas, ingreso policial a los barrios, donde uniformados ingresaron en las viviendas e hicieron arrestos.

La Agencia Tierra Viva denuncia que camionetas de una empresa constructora fueron cedidas para que policías sin identificación salgan a la cacería de personas y policías de civil rompiendo locales comerciales. En tanto, las comunidades apelan no solo a mantener los bloqueos sino a disputar el relato realizando crucifixiones colectivas, como vienen haciendo desde 2002 cuando un sacerdote se subió a una cruz de madera permaneciendo atado, forma de acción que se repite en cada movilización importante.

En el norte argentino, como en buena parte del continente, se enfrentan dos modos de ver el mundo: la explotación de la tierra, por un lado, y la defensa de la vida por otro, lo que lleva a las comunidades a gritar «no comemos baterías», una frase que coloca en lugar destacado la sobrevivencia diaria.

Segato sostiene que «un poder provincial totalitario se avecina y, no lo dudemos, afectará a la nación, se expandirá por el país como una epidemia de control político». Pero esa epidemia autoritaria y extractivista tiene y tendrá enfrente a pueblos enteros dispuestos a defenderse simplemente para seguir existiendo.