La pasada semana nuestra organización tuvo la oportunidad de comparecer en la comisión parlamentaria de Empleo que tiene como objetivo hacer de la Renta de Garantía de Ingresos una herramienta más eficaz en la lucha contra la pobreza. Infantil, apostillamos nosotros. Una comparecencia previa de la consejera Beatriz Artolazabal expuso el punto de vista del Gobierno Vasco: mejorar cobertura; llegar a más; conseguir una sociedad más justa y equitativa y una gestión más eficaz. Estos fueron algunos de los conceptos con los que la consejera de Empleo y Políticas Sociales fue salpicando su intervención, sin olvidarse de recordar que Euskadi plantea un modelo avanzado de protección social, en línea con las sociedades europeas más avanzadas.

En palabras de la consejera, es por todos sabido que «el colectivo más vulnerable en este momento en Euskadi son las familias con hijos, sobre todo las monoparentales» y habló de una ley pensada para romper el círculo de transmisión de la pobreza que se da actualmente en Euskadi. Sin embargo, este espíritu debe traducirse en medidas concretas, y echamos en falta un mayor compromiso con aquellos hogares que tienen hijos e hijas a cargo. Gracias a la existencia en Euskadi de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda, el impacto de la pobreza infantil y la desigualdad se ha visto matizado, a diferencia del resto del Estado, pero la RGI ha mostrado límites para abordar la situación de las familias con hijos e hijas a cargo.

Nos enfrentamos, precisamente, a un problema de percepción. La propia consejera Artolazabal lo dijo claramente, mentando uno de los datos reflejados en la última Encuesta de Pobreza y Desigualdad Social (EPDS), recientemente publicada: la percepción subjetiva de pobreza apenas alcanza el 2,7%. Es un dato que demuestra una desconexión con la realidad de buena parte de nuestra sociedad. No tienen ellos y ellas la culpa. No podemos cargar sobre las espaldas de nuestros vecinos y vecinas el lastre de no percibir la pobreza, precisamente porque es difícil de advertir y aún más complicada de adivinar. La pobreza infantil, por ejemplo, afecta a 1 de cada 10 niños y niñas en nuestra CAV. Son niños y niñas que van a clase con la misma frecuencia que el resto; que interactúan con relativa normalidad y que incluso tienen los mismos gustos y querencias, las mismas filias y fobias. Son niños y niñas como los demás. Hay que ir al detalle para percibir ciertos elementos de ausencia de bienestar: el niño o la niña que nunca acude a las excursiones con la ikastola; el que nunca va a ninguna fiesta de cumpleaños y el que por supuesto, siempre va con el mismo par de zapatillas. No es frivolidad. Es una realidad.

En Euskadi hay 55.000 niños y niñas que viven en hogares que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 20% de los hogares vascos se han visto obligados a reducir gastos relacionados con sus hijos e hijas por razones económicas (Encuesta de Percepción de la Pobreza Infantil 2019. Save the Children). Un 26% ha tenido que suprimir la idea de ofrecer a sus hijos e hijas una extraescolar, cualquiera que fuese. Esta es la infancia vulnerable y es a la que tiene que llegar la Renta de Garantía de Ingresos.

La especial protección a las familias monoparentales (el 95% de ellas, encabezadas por mujeres) ya se ha visto reflejada en el planteamiento del ejecutivo, a través del complemento específico. La realidad nos dice que las madres solas tienen necesidades para el cuidado de sus hijos e hijas que van más allá de lo económico. Por ejemplo, hay mujeres que regresan con sus hijos e hijas a casa de sus padres. Para este tipo de familias es fundamental que se les reconozca como unidad convivencial, aunque compartan vivienda.

Es positiva la reformulación para establecer la cuantía y el aumento de las mismas (si bien, no a niveles precrisis), pero es crucial que no sea regresiva a medida que aumenta el número de hijos, garantizando una cuantía de 120 euros para todos los menores a cargo, independientemente del orden de nacimiento. Un estudio de Save the Children sobre el coste de la crianza ponía de relieve que el coste medio de criar a un niño o niña es de 626 euros en las comunidades autónomas más caras, entre las que se encuentra Euskadi. Es más, los resultados nos muestran que el coste aumenta con la edad, especialmente en estas comunidades: criar a un hijo de 13 a 17 años de edad costaría, en Euskadi, un 22% más que durante sus primeros 3 años de vida.

Para finalizar, abogamos por considerar el interés superior del niño para cualquier decisión que se tome al respecto de la RGI, en especial, sobre su extinción. Es un concepto recogido por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la carta de derechos humanos más ratificada del mundo.

La RGI es un bien común que debemos preservar, pero debe estar sujeto a modificaciones y actualizaciones. Como decía Lord Kelvin, «lo que no se mejora, se degrada». No dejemos que la RGI, que ha sido una política exitosa y reconocida, se degrade. Queremos una RGI que avance, que mejore, en especial, en la protección de los niños y las niñas.