El 23 de abril se debatía en el Senado una moción urgente promovida por Amaiur y suscrita por 16 senadores de diversos grupos políticos (PNV, ERC, IU, ICV y CC), por la que se instaba al Gobierno de España a interceder ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato de la misión de ONU para el Referéndum del Sahara (Minurso). El debate se producía a escasas 72 horas de que el Consejo debatiese este tema, y escasos días después de que alrededor de 28 activistas por los derechos humanos y la causa saharaui fueran expulsados del territorio del Sahara ocupado, incluida la compañera de Amaiur Onintza Enbeita, quien se dirigía al Congreso de Mujeres Saharauis a celebrarse en Alaiun. Onintza no pudo ni bajar del avión.

Llevamos esa cuestión a debate al Senado con el objetivo de sumar voluntades, y de que esa Cámara aprobara una iniciativa en la que se remarcara la necesidad de que las Naciones Unidas, sin perder de vista su primer objetivo, es decir, el de implementar el proceso de descolonización del Sahara por medio de un referéndum que incluya la opción de la independencia, se encarguen del monitoreo de los derechos humanos y también de asegurar su no violación por parte del Estado ocupante, Marruecos. Y es que no podemos olvidar que la Minurso, establecida en 1991, es prácticamente la única misión de la ONU aprobada en los últimos dos o tres decenios que no tiene entre sus competencias la supervisión de la situación de los derechos humanos en el territorio en el que opera. Porque debemos denunciar que la persecución de la que es objeto la población saharaui en los territorios ocupados es continua. Así lo ha podido atestiguar nuestro compañero en el Congreso Jon Iñarritu hace unos meses en una de las pocas misiones parlamentarias que han podido acceder a los territorios ocupados. El pueblo saharaui, en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos desde 1975, está padeciendo continuas vulneraciones de los derechos humanos contra las personas que pacíficamente se oponen a la ocupación marroquí de este territorio, generando una gran cantidad de víctimas, fruto de los continuos malos tratos, las detenciones ilegales, los juicios sumarios y la represión indiscriminada. Y las expulsiones de activistas de derechos humanos ocurridas estos días nos muestran muy a las claras que hay situaciones que se quieren ocultar, situaciones de vulneraciones constantes de los derechos humanos de las que todos somos conscientes, que son acreditadas, denunciadas y rechazadas de manera continuada por personas muy diversas, quienes coinciden en destacar la gravedad de la situación que se está viviendo en esta zona.

Ante esto, el Estado español tiene una responsabilidad histórica que, conforme al Derecho internacional, no puede eludir. El Estado español sigue siendo, stricto sensu, la potencia administradora de los territorios del Sahara Occidental dada la nula validez de los acuerdos de Madrid de 1975 (acuerdos incluso denunciados por parte de Mauritania, uno de los ocupantes junto con Marruecos del territorio Saharaui en base a dichos acuerdos, pero de los que luego se retiró). España sigue siendo así la potencia colonial que debería administrar los territorios hasta la culminación del proceso de descolonización. Y no, como intenta hacer, aparecer como mero tercero de buena voluntad, miembro de los estados amigos del Sahara, eludiendo sus responsabilidades históricas. Así, debería ser un garante activo en la observancia por la parte ocupante del respeto a los derechos humanos, y trabajar para que de una vez por todas los saharauis puedan decidir sobre su futuro. Sin esta ampliación de la función de la Minurso para incluir en ella la protección de los derechos humanos, el pueblo saharaui no se podrá expresar libremente, ni podrá ejercer su derecho a manifestarse ni votar en un futuro referéndum de autodeterminación, libre y justo, según el derecho que le otorga la legalidad internacional.

Desgraciadamente, volvieron a primar los intereses de estado (del español), y el Partido Popular se negó a suscribir dicha moción presentando una enmienda que no instaba de forma clara al Gobierno a interceder ante el Consejo de Naciones Unidas para que el mandato de la Minurso incluyese el monitoreo de los Derechos humanos. Y rechazaba la moción presentada y apoyada por el conjunto de grupos de la oposición, con la peregrina motivación de que España no era parte del Consejo de Seguridad y carecía de capacidad para ello. Débil excusa para intentar esconder lo que todos conocemos, que en la cuestión del Sahara y en referencia al Estado español, puestas en la balanza, siempre han prevalecido las relaciones económicas, políticas y geoestratégicas con el Reino de Marruecos frente a los derechos del pueblo saharaui. Así fue en el 75, así lo demostró el presidente Felipe González al incumplir la promesa de apoyo ofrecida al pueblo saharaui una vez llegado al Gobierno y así lo reitera este Gobierno del Partido Popular, que mientras estaba en la oposición era muy crítico con la posición socialista y ahora, a mitad de legislatura, podemos ver que su política vuelve a basarse en no irritar a su amigo marroquí. El Consejo de Seguridad ha vuelto a ampliar el mandato de la Minurso, ha vuelto a recoger con claridad que la solución pasa por el referéndum de autodeterminación, pero ha vuelto a no incluir el monitoreo de los derechos humanos al mandato de la Minurso. Y solo un día después de esa decisión, recibimos noticias de que más de 70 saharauis han sido heridos tras reprimir la Policía marroquí una manifestación en el Sahara ocupado. Marruecos sigue teniendo grandes aliados activos y pasivos. Cuarenta años son muchos desde la ocupación por Marruecos del Sahara Occidental, pero se equivocan los que piensan que el paso del tiempo hará claudicar al pueblo saharaui. Como decían los vietnamitas, «cien años en la lucha de un pueblo no es más largo que el mero pestañeo de un elefante».

Frente a ello, nosotros, desde EHBildu-Amaiur, seguiremos apoyando al pueblo saharaui en todas las instituciones en las que estemos, desde el ámbito local a los parlamentos autónomos, el Congreso, el Senado y esperamos que en breve el Parlamento Europeo. Cooperando con la RASD y denunciando las constantes violaciones de derechos humanos. Viajando a los territorios ocupados y a los campos de refugiados y participando junto la mayoría social del pueblo vasco en todas aquellas actividades a las que nos inviten y soliciten los compañeros saharauis.