Tenemos personal auxiliar administrativo y auxiliar de enfermería (TCAE) realizando funciones técnicas, personal técnico haciendo trabajos ejecutivos, celadores desarrollando competencias auxiliares… Son innumerables los casos de personal que realiza trabajos de superior categoría y, ni se les reconoce, ni se les paga. Además de los anteriores, esta situación afecta a colectivos como vigilantes de carreteras, servicios generales, peones y conductores auxiliares de bomberos, auxiliares de mantenimiento, ordenanzas, personal cuidador de Educación, conductor, telefonista, etc.


Los casos llegan a tal absurdo, que se contrata niveles D para sustituir a niveles C en vacaciones, permisos… Puestos de trabajo que para el ingreso se solicita FP1, o estudios similares, y a unos se les adscribe en el nivel D y a otros en el C después de un curso de pocos meses.


En los últimos 20 años ha habido distintos procesos de subidas de nivel. Unos han subido de nivel a colectivos enteros y otros han subido de nivel a cierto número de personas.


Las subidas de nivel de colectivos enteros, negociadas en la Mesa General, fueron a coste cero, caso de bomberos, policía foral, personal de campo de Medio Ambiente, etc. Si bien el Gobierno reconoció que el trabajo que realizaba este personal correspondía a un nivel superior, no quiso reconocerlo a efectos retributivos, es decir, subieron de nivel D a C pero siguieron cobrando como si siguieran estando en el nivel D.


Sin pasar por la Mesa General, también ha habido colectivos que, vía Parlamento, han subido de nivel a coste cero.


Y otra modalidad distinta de subida de nivel ha sido la de parte del personal auxiliar administrativo hasta el año 2007. En este caso estaba limitada a un número concreto de personas y no se reconocía que se hicieran labores de nivel superior. Las personas que subían de nivel, a través de un proceso de promoción restringida, también tenían subida salarial y seguían haciendo el mismo trabajo que venían desarrollando.


Todas estas situaciones tan injustas hay que solucionarlas de una vez por todas.


Tenemos un Estatuto de Función Pública obsoleto, que necesita una transformación total que garantice la adscripción al correspondiente nivel por las competencias reales que se realizan, teniendo en cuenta que la evolución de la tecnología en el mundo laboral y la implantación masiva de las herramientas informáticas han modificado las tareas clásicas de los puestos de trabajo, exigiendo más y mejores conocimientos al personal para desarrollar la actividad.


La Administración siempre ha sido consciente de este abuso pero lo hacen porque les sale más barato contratar (y pagar) gente con un nivel bajo y hacerle trabajar en puestos que requieren un nivel superior.


Pero además, nos encontramos con que la evolución académica y formativa no se corresponde con los actuales niveles laborales, y que en otras administraciones han llevado a la desaparición del nivel E y el reordenamiento del resto.


Por todo esto, el sindicato LAB hace tiempo que viene demandando la elaboración de un nuevo Estatuto que recoja estas exigencias básicas. El tiempo va pasando y no se avanza en esta cuestión, somos conscientes de que el actual Gobierno, de Geroa Bai, no va a dar pasos en este tema si no le presionamos.