Con la ley de abusos policiales los gobiernos de Madrid y Gasteiz preparan una ley de punto final. Lo anunció Erkoreka: «nada de entrar a identificar responsables y a definir culpas». Y eso que los 4.113 casos recogidos en el informe del equipo del médico forense Paco Etxeberria, que muestra una práctica a gran escala y sistemática, son la punta del iceberg. Por eso quiero hacer una reflexión sobre la tortura con Eusko Label. Algo de lo que se ha hablado, y mentido, mucho.

En los cursos de verano la consejera de Interior Beltrán de Heredia ha hablado del respeto de la Ertzaintza a los derechos humanos y la dignidad de quienes «se encuentran bajo custodia" en «un estado de dependencia total» remarcándolo con palabras como «histórico», «desde sus inicios», «siempre». Que todavía nos quiera vender esta moto... Como antes el director de la Ertzaintza Gervasio Gabirondo dijo que su actuación siempre ha sido limpia, que nunca han torturado. Y PNV, PP, PSOE, los sindicatos ErNE y SIPE… han asegurado que no existen condenas judiciales contra la Ertzaintza. Y Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, dijo que no es que no se hayan producido pero que «es un elemento». Claro, y ese elemento se llama política de impunidad. Las mismas patrañas que los torturadores españoles aprovechando que en el Estado español, como sentencia una y otra vez el TEDH, la tortura no se investiga. Así ofenden y revictimizan a quienes sufrieron el tormento. Tampoco hay condenas por torturas durante el franquismo pero ¿alguien negará que los verdugos franquistas torturaron impunemente? Es como cuando Rodríguez Galindo alardeaba de que en Intxaurrondo no torturaban o cuando el consejero Rodolfo Ares –Justicia para Iñigo Cabacas– se querelló contra dos abogados y mintió al juez asegurándole que la Ertzaintza no tortura.

Sólo significa que jueces, fiscales, forenses y policías han obstruido la investigación de las denuncias mientras desde sus púlpitos mediáticos, los políticos, intelectuales y periodistas lanzaban homilías sobre los principios de la convivencia democrática. Razón de Estado. Saben que es una violencia institucional ocultada y negada: una amplia trama para cometer miles de delitos graves financiados con dinero público. Durante décadas han violado los derechos humanos en el interior de instituciones públicas vascas (y españolas). Y el esperpento español se completará cuando el ministro Grande-Marlaska, el juez que sonreía mientras 223 personas le relataban las torturas sufridas, le quite la medallita a Billy el Niño por su conducta «no ejemplar». Ante su cínico «la verdad es la verdad judicial», la voz de la calle habla más alto y claro: «esta justicia es una mierda», la hecha por jueces prevaricadores y cómplices de la tortura.

Muy activo en repetir el mantra oficial ha sido Urkullu. Antes banalizaba la tortura («¿Es lo mismo tener de pie a una persona en un interrogatorio o lo que pueda ser la práctica de la bolsa o la práctica de electrodos?») para minimizar que mientras era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de 1999 a 2007, no tuvo el mínimo interés en esclarecer ninguno de los 125 casos correspondientes a «la profesionalidad y el buen hacer» de la policía controlada por su partido. Ese «tener de pie» muestra que conoce las «posturas de gozar», como las llaman los ertzainas, aunque «olvidó» citar los golpes, las posturas forzadas hasta la extenuación física, las amenazas a familiares, los insultos, las humillaciones y vejaciones sexuales, la privación sensorial y del sueño... Ahora nos restriega su orgullo porque «ninguno de los casos que afectan a la Ertzaintza ha sido castigado por la Justicia». Pero miente. Todos estos portavoces de la impunidad mienten.

Lo sé porque soy uno de los 336 casos que corresponden a la Ertzaintza y tengo una sentencia que lo asegura y otra que lo ratifica. Tres ertzainas fueron condenados por lesiones y vejaciones (pena irrisoria, eso sí). Ya decía –aunque no actuaba en consecuencia– el ex fiscal superior Juan Calparsoro, que «es algo normal» que se produzcan lesiones y desproporciones. ¿Cuántos casos habrá? A un amigo «yonqui» le pusieron un casco y le dieron una paliza brutal en una comisaría. Estamos lejos de conocer la extensión real de la tortura bajo la responsabilidad criminal del gobierno vascongado.

Brevemente contaré qué camufla un caso de lesiones (poca cosa comparado con el sufrimiento de incontables torturados). En agosto de 1993, tres días después de que Juan Calvo «muriera» en Arkaute asfixiado en gas y con golpes por todo el cuerpo, nos desalojaron con profusión de gas lacrimógeno de un local municipal okupado para crear un gaztetxe en Elgoibar. Fuimos detenidos ocho jóvenes y nos llevaron a la comisaría de Eibar. Nos gritaron, amenazaron e insultaron. Me tiraron al suelo y entre varios policías me desnudaron violentamente rompiéndome la ropa. Un ertzaina me dio un fuerte golpe en las costillas dejándome sin respiración, dos bofetones y más de treinta porrazos. También golpeó a otro detenido. Otro matón uniformado que me repetía que le iba a «chupar la polla», me golpeó en la nuca y me retorció la nariz. No me dieron manta ni esterilla. Me negaron el agua. «En esta casa te tratan como a un enemigo y, ya sabes, al enemigo ni agua» me explicó el que me hizo la ficha policial. Pisotearon mis derechos lingüísticos: «Con hijoputas como tú, yo no hablo en euskera». Varios detenidos pasaron horas de pie mirando a la pared. Mantuvieron la luz encendida desde el lunes hasta el miércoles que pasamos ante el juez que, por cierto, intentó despacharme sin enseñarle las marcas de los golpes. La Ertzaintza negó los malos tratos. Los ertzainas se taparon entre ellos. No les sancionaron por la falta muy grave que es encubrir «la práctica de la tortura o cualquier trato inhumano, degradante, discriminatorio o vejatorio» a los detenidos. Dos cámaras de video en la zona de calabozos «casualmente» no grabaron nada. Identifiqué a un ertzaina con su número de placa y ni siquiera fue citado a declarar… Con suerte y una actuación correcta del forense pudimos demostrar lo que había ocurrido.

Por aquel entonces el lehendakari era Ardanza, en cuyas memorias califica a la tortura de «acción terrorista». Y estaba vigente el Pacto de Ajuria Enea que exigía el respeto a los derechos humanos durante las detenciones. ¿Y qué efecto tuvo? Que la Ertzaintza se equiparó a las demás fuerzas de seguridad españolas: al mandato ardanziano, con Atutxa como consejero mamporrero, corresponden 199 casos. Ilustres reincidentes políticos: les sale a más de uno al mes.

En su afán por retirar el informe y salvaguardar, un poco tarde ya, el honor de las FSE, los filofranquistas del PP dan en el clavo. Preguntan en el parlamento de Gasteiz si hay que establecer como una verdad parlamentaria que efectivamente la Ertzaintza torturaba, si se va a abrir una comisión de investigación, si se va a pedir responsabilidades a los consejeros anteriores. Sin duda la respuesta a las tres debería ser sí. Porque ahora que se han documentado los hechos, hay que exigir una investigación efectiva y procesar a los responsables, a los torturadores y a sus jefes. Sería deseable que el ex consejero de justicia Joseba Azkarraga explicara qué pasó con el cacareado Protocolo de asistencia a detenidos para que hubiera decenas de casos durante su vigencia. Ay, ese sepulcral silencio de Ardanza, Atutxa, Ibarretxe, Balza (125 casos), Arzalluz, López, Ares (19 casos)... ¿Habrán pensado alguna vez que son delincuentes? Ya tarda la autocrítica de quienes han aprovechado la tortura para su beneficio político: ¿la violación de derechos fundamentales bajo su responsabilidad estaba justificada? ¿Son lícitos los procesos judiciales en los que la tortura tuvo un papel en las sentencias condenatorias? ¿Es aceptable que implicados en torturas –que además niegan los delitos– sigan «velando por nuestra seguridad»? ¿Psicólogos a sueldo de Interior asesoraron en las técnicas de tortura psicológica?

Como decía, PNV y PSOE, responsables políticos de miles de torturas, algunas llevadas hasta la muerte, quieren autoamnistiar sus delitos. Pretenden que estos crímenes «democráticos» queden impunes como la mayor parte de los actos de terrorismo de Estado y construir su supuesta democracia con el ocultamiento y la impunidad. En esta batalla por la historia y la justicia: ¿torturar seguirá saliendo gratis? ¿exigiremos responsabilidades al poder ahora? ¿o tendrá que investigar un juzgado argentino dentro de unos años?