En Osakidetza estamos de cumpleaños, un aniversario que llega en tiempos revueltos con convocatorias de OPE suspendidas, sentencias por privatizaciones corruptas y un modelo de gestión por OSI que se está haciendo viejo antes de ni siquiera desarrollarse.

La mayor empresa de la comunidad autónoma, justamente la que debiera encargarse de la salud de los vascos, ha vivido la crisis económica de la última década con resignación y conformidad.

Aquella sentencia de «hacer más con menos» del consejero Bengoa y que nadie se creía que fuera posible, ha sobrevolado las cabezas de quienes han realizado y siguen realizando una gestión para justificar su puesto y sobre todo su adhesión a la política del Departamento. Mientras, la plantilla, visto el panorama general, se ha dedicado al menos a conservar sus puestos de trabajo, aunque en ellos tuvieran que realizar cada vez más tareas con menos recursos.

Y en este clima de desprotección social y laboral se han desarrollado dos procesos que afectan gravemente a la transparencia en Osakidetza y que han alertado a la opinión pública: el caso Margüello y la OPE de personal facultativo especialista.

El caso Margüello: la sentencia que ha cerrado este caso, tras un proceso que investigó irregularidades en la adjudicación de servicios sanitarios a empresas vinculadas a cargos de la dirección de Osakidetza, ha impuesto penas mínimas a los imputados. Lo que en un inicio se calificó como malversación de dinero público, ha quedado en un caso de prevaricación.

A juicio de la Audiencia Provincial de Bizkaia, no se perdió dinero público y la petición fiscal para devolver los 6,8 millones que costaron los contratos realizados de manera irregular fue denegada, con el argumento de que el costo hubiera sido el mismo si se hubiera hecho de forma legal. Así que todo ha quedado en un máximo de nueve años de inhabilitación. Está claro que hacer negocios a costa de la sanidad pública, aunque sean fraudulentos, sale rentable.

La OPE: el segundo caso ha sido el de las eufemísticamente llamadas «irregularidades» en la OPE de Osakidetza, que han dejado en evidencia que el acceso al sistema público para las categorías medicas acarreaba desde hace años manipulaciones y filtraciones toleradas por el «staff» hospitalario, otorgando a algunas jefaturas de servicio mucho más poder que el que aparece en la Ley de Ordenación Sanitaria y convirtiendo un proceso que debía de estar regido por el mérito y la capacidad en un combinado de intereses personales, clientelismo y a veces, simple nepotismo. Este caso también ha quedado en manos de los tribunales que deberán establecer si hubo o no ilegalidades. Esperemos que afinen más que en el caso Margüello.

Pero al margen del resultado judicial, estas dos situaciones muestran claramente hasta qué punto la administración vasca en general, y en particular la sanitaria, están comprometidas con los estándares de transparencia aceptados internacionalmente (el caso español desde luego no es buen ejemplo).

Según Transparency International en su “Barómetro Global sobre la Corrupción de 2017”, «La transparencia exige que los ciudadanos y ciudadanas conozcan las actuaciones públicas para poder evaluarlas y garantizar así un ejercicio del poder responsable para lo que la administración debe facilitar de forma proactiva, esto es sin necesidad de demanda expresa, información sobre datos referenciales respecto a su organización, funcionamiento, toma de decisiones y gestión de recursos públicos».

Pues bien, el Departamento de Sanidad, tanto en el caso de las privatizaciones interesadas como en el fraude de los procesos de OPE, ha actuado de manera contraria a este planteamiento.

En ambos casos la primera reacción fue negar la mayor. No existen irregularidades, sólo oscuros intereses políticos y sindicales para manchar el buen nombre de la institución.

Y al segundo bote y cuando las evidencias eran más que plausibles, la reacción también ha sido calcada. La administración no tiene responsabilidad y se deja en manos de la fiscalía la investigación y su consecuente resolución. Queda claro que ni por un momento ha habido ni hay ninguna voluntad de investigar qué ha pasado y por qué.

Y por si queda algún ingenuo o ingenua que lo crea posible, nadie del departamento va a salir pidiendo perdón a la ciudadanía por dejar a los amigos hacer negocios con el dinero público o permitir que profesionales sanitarios con mérito y capacidad suficiente no hayan podido competir en igualdad por una plaza en Osakidetza. Recientemente hemos asistido a la dimisión de la señora Múgica, directora general de Osakidetza. Pero ni a ella, ni a Darpón, ni al lehendakari les hemos escuchado ni una sola palabra para asumir responsabilidades por el escándalo de la OPE. Al parecer, los y las votantes no merecemos ninguna explicación.

Las pasadas semanas otro departamento del Gobierno Vasco ha estado en los tribunales por la muerte de Iñigo Cabacas. En este caso también se negó primero la responsabilidad de la Consejería y solo la dignidad y la determinación de sus familiares, amigos y amigas han logrado que el caso llegue hasta el juzgado.

Ojalá en algún momento nuestra sociedad exija la transparencia que se le debe, porque los juzgados siguen siendo desesperadamente lentos e inciertos.