Aunque parezca contradictorio, las derechas crecieron de forma importante, pero eso no fue impedimento para que la mayoría absoluta se pronunciara contra dos emprendimientos extractivos en la selva y en la zona andina cercana a Quito. La derecha tiene grandes chances de vencer en la segunda vuelta y los ecologistas deben seguir de cerca las maniobras que buscan perpetuar el extractivisimo.

El resultado de las elecciones presidenciales es bastante claro. La candidata de Rafael Correa, Luisa González, alcanzó casi el 34% de los sufragios, el empresario Daniel Noboa tuvo casi el 24%, seguido por los derechistas del Movimiento Construye (del asesinado Fernando Villavicencio) con el 15% y el «macho alfa» de la seguridad, Jean Topic, con el 15%.

Para explicar el avance de la derecha hay que remontarse a las elecciones anteriores de 2021, cuando el candidato correísta, Andrés Arauz, llegó al 33% y Yaku Pérez, de Pachakutik, rozó el 20% y estuvo a pocos votos de pasar a la segunda vuelta.

Puede afirmarse que el Movimiento Revolución Ciudadana de Correa tiene un voto duro de algo más del 30%, lo que no es menor bajo el clima creado por el asesinato de Villavicencio días antes de las elecciones, que potenció a los candidatos de la derecha. Sin embargo, ese caudal de votos le impide triunfar en un ballotage, como ya sucedió dos años atrás cuando el candidato Arauz solo obtuvo el 47%.

El movimiento de Correa perdió casi 25 puntos desde su mayor votación a comienzos de la década de 2010, teniendo enormes dificultades para retornar a la presidencia. Si en 2021 una parte considerable de los votos de Yaku Pérez fueron a parar al candidato de Correa en la segunda vuelta, ahora Luisa González no tiene de dónde «rascar» votos, ya que el candidato de Pachakutik fue la principal víctima de la polarización y obtuvo menos del 4%, cuando un mes atrás las encuestas lo daban pasando a segunda vuelta.

Explicar el avance de la derecha implica recordar el clima de violencia e inseguridad que afecta al Ecuador desde hace por lo menos dos años, con 5.000 asesinatos violentos en apenas un año y más de quinientos muertos en los motines carcelarios. Los grupos narcotraficantes se han adueñado no solo de las prisiones, sino de buena parte del país, ya que las nuevas rutas de la cocaína no van ahora de Colombia hacia Estados Unidos, sino hacia el sur, siendo Ecuador paso obligado del tráfico de drogas.

La expansión del consumo de fentanilo ha derrumbado el precio de la cocaína, que ya no fluye en las mismas cantidades hacia el norte. Se abren así nuevas rutas y nuevos problemas en la geografía de las drogas que impactan de modo especial en este pequeño país andino.

En paralelo, la población está harta de una clase política a la que considera tan corrupta como ineficiente, incapaz de afrontar los problemas que agobian a la población, como lo demuestran las dos presidencias de Lenin Moreno (2017-2021) y del banquero Guillermo Lasso (2021-2023), que disolvió el Parlamento cuando apenas había cumplido la mitad de su mandato para evitar su inminente destitución.

Este clima cercano al desgobierno ha inclinado buena parte de la voluntad popular hacia un político como Noboa, de apenas 35 años, pese a formar parte de una de las familias más ricas del Ecuador, que controla buena parte del comercio exterior en renglones claves como el plátano y los crustáceos.

Según analistas, el clan Noboa es «una empresa familiar con cifras millonarias y una vida en el poder, pero también denuncias de abuso laboral y trabajo infantil durante el pasado» (“La Tercera”, 29-08-2023). Se estima que las empresas de los Noboa mueven alrededor del 5% del PIB del Ecuador, ya que además de las plantaciones de plátano cuentan con «una de las mayores flotas de barcos refrigerados en el mundo».

Lo cierto es que la población parece dispuesta a llevar a un multimillonario joven y con un discurso «correcto» al Palacio de Carondelet, y a su esposa, influencer y empresaria de 25 años, como primera dama con un fuerte papel mediático. Noboa fue lo suficientemente astuto como para posicionarse a favor de detener los emprendimientos extractivos que se sometieron a referendo.

La consulta sobre dejar el petróleo en tierra en el Parque Nacional Yasuní cosechó el 59% de apoyos y las cuatro preguntas para impedir la minería en el Chocó Andino rozaron el 70%. Victorias inapelables, pero en las que nadie se anotó como perdedor.

Diez años atrás, el entonces presidente Rafael Correa decidió explotar el bloque petrolero Yasuní ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) ante la necesidad de divisas y luego de fracasar en su iniciativa de recaudar fondos en el exterior para dejar el crudo bajo tierra. Nació un movimiento liderado por jóvenes ambientalistas que crearon el colectivo Yasunidos, con el fin de frenar la iniciativa oficialista.

En la rueda de prensa celebrando el triunfo, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de Acción Ecológica, de Yasunidos y de otros movimientos, exigieron que el Estado presente un plan para proteger el Yasuní e impedir toda actividad petrolera.

En el otro referendo, el amplísimo rechazo a la explotación minera en la reserva de biosfera andina –donde hay doce concesiones mineras otorgadas y ocho en trámite–, fue protagonizado por el movimiento Quito Sin Minería, integrado por grupos ecologistas.

Pero al día siguiente de las votaciones, y pese a la contundencia de los resultados, comenzaron las maniobras para escamotear la decisión popular. El gobierno argumenta que la provincia donde se encuentra el Yasuní (Orellana), votó a favor de la explotación de petróleo y que desmontar la infraestructura petrolera demandaría quinientos millones de dólares que deberá sufragar el Estado.

Ahora los movimientos se focalizan en vigilar que se cumplan las decisiones de las urnas, a la espera del nuevo presidente que será elegido el 15 de octubre.