PNV, EH Bildu y PSE-PSOE han pactado la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, tras, según lo declarado en rueda de prensa, un «largo proceso de negociación» que «emplaza a múltiples desarrollos reglamentarios y contiene los consensos básicos para las futuras políticas energéticas y climáticas». Así mismo, se ha anunciado la «puesta en marcha de un proceso deliberativo para alcanzar un gran Pacto Social por el clima». Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Natural, se ha felicitado por su protagonismo en la consecución del acuerdo.

La aprobación de esta Ley, ya se recogía en el pacto suscrito por los tres grupos, en junio de 2021, además del diseño de una «hoja de ruta para la  consecución del Pacto Vasco de la Energía», con la participación de expertos que, según declaraciones de Mikel Otero (EH Bildu.2019) «… tendrá que hacer un trabajo minucioso, redactar numerosos informes y tocar todos los ámbitos de decisión, porque para lograr una economía neutra no vale con tomar medidas en el ámbito energético. También habrá que tomar medidas relacionadas con la ordenación del territorio, la movilidad y las políticas de vivienda, porque el tema de las emisiones es un tema transversal». También se refirió a la «creación de una ponencia parlamentaria, en la que participarán agentes empresariales, sindicales y movimientos sociales del país, que deberá presentar, antes de fin de año, los criterios y líneas estratégicas a seguir en el proceso de descarbonización».

De los tres elementos anunciados en este pacto, solo se conoce el relacionado con la citada Ley. A falta de conocer su contenido y posterior desarrollo normativo (de gran trascendencia, en su interpretación e implementación), habrá que analizar el contexto en el que se produce el citado acuerdo, así como alguna de las afirmaciones vertidas en la rueda de prensa.

Es evidente que, en tiempo de negociaciones, se hace imprescindible generar un clima de confianza que favorezca los acuerdos. Al tiempo que se desarrollaban las mismas, el GV (por impulso de la consejera Arantxa Tapia) ha tramitado la aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables (PTS, a continuación), elemento fundamental en materia energética y planificación territorial y en el que, es de suponer, deberían considerarse los contenidos del acordado Pacto Vasco de la Energía y ponencia parlamentaria, si es que existen. En cualquier caso, ni se citan.

Han sido miles las alegaciones presentadas en contra de dicho PTS, tanto individuales (entre ellas, las de Mikel Otero), como por parte de ayuntamientos, diputaciones, colectivos ecologistas, sindicatos, grupos municipales de EH Bildu, etc. Salvo alguna excepción -de escasa incidencia-, todas han sido rechazadas por la consejera que se felicita por este acuerdo a tres, lo que evidencia que no se interpone en sus planes expansivos energéticos.

Actitud de rechazo, por comentarlo, diametralmente opuesta a lo recogido en la Agenda eco-social EH2040, de EH Bildu, que, en su «vector 7: Expansión democrática de las energías renovables», establece que toda infraestructura de energía renovable cumpla, entre otras, con el «visto bueno de la ciudadanía». Visto bueno, subrayo, ausente en la Ley pactada, a pesar de su trascendental papel en la materia.

En este contexto, resulta difícil aceptar que, quien pretende imponer este PTS, promocione ese «proceso deliberativo» para alcanzar un “Pacto Social por el clima”. Ha de destacarse que, entre las alegaciones al mismo (también por parte de Mikel Otero), se denuncia la falta de información y participación ciudadana, además del ninguneo a la autonomía municipal y foral (al respecto, no olvidemos la conocida como “Ley Tapia”, en honor a la consejera). Y, más aún, cuando, durante ese largo periodo de negociación, dicho «proceso deliberativo» ha estado ausente.

No puede desarrollarse tal proceso, ni alcanzar un Pacto Social, cuando el GV continúa tramitando la concesión de autorizaciones para construir estas instalaciones y sigue adelante con un PTS que propone la construcción de unas 150 instalaciones (eólicas y fotovoltaicas de gran escala, en su mayoría), con el enorme impacto medioambiental que conlleva y el creciente rechazo social que suscita. Un PTS para que multinacionales y fondos buitre obtengan los mayores beneficios y que pretenden aprobar en el mes de marzo, es decir, sin desarrollo normativo alguno de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, cuya aprobación prevén para el 8 de febrero. Por tanto, hipotecando cualquier propuesta alternativa que pudiera debatirse.

Causa alarma que, entre las supuestas bonanzas de la Ley, se afirme que es más ambiciosa que la estatal Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en relación con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), pues, si esta se marca un objetivo del  23% para 2030, respecto del año 1990, la futura Ley de la CAV la eleva a un 33%. Al respecto, conviene recordar que, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, persigue reducir las emisiones de GEI de Euskadi en, al menos, un 40 % para 2030 (superior a lo acordado) y el Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021–2024 de Euskadi, plantea reducirla en un 30% (también superior, considerando el plazo). Por tanto, más que como mérito, cabría pensar que se ha producido una rebaja en las aspiraciones.

Es evidente el fracaso sobre los objetivos marcados por dicho Plan de Transición Energética y Cambio Climático. Y, a la vista de lo ahora acordado, también lo sería el de la Estrategia Vasca señalada, pues, de los tres firmantes, dos no han sido capaces, o no han querido, lograr los objetivos por ellos marcados. Y es que, una vez más, el papel lo soporta todo. Y, salvo sorpresa, también fracasará esta futura Ley, pues nada se dice del necesario cambio estructural que se precisa acometer, para afrontar la gravísima crisis ecológica que padecemos.

Los promotores del PTS lo justifican, aduciendo que, su desarrollo, comportaría alcanzar los objetivos de reducción del  23%, siempre y cuando se ejecutaran todos los proyectos en las zonas señaladas, de tal modo que también admiten la imposibilidad del fracaso, de no ejecutarse alguno/s de ellos. Si para alcanzar ese 23%, el PTS impulsado por PNV y PSE-PSOE, propone más de 150 instalaciones, ¿cómo se alcanzaría ese aumento del 10%? ¿Vincula, este acuerdo a dicho PTS? En caso afirmativo, es evidente que, la tramitación del mismo, debe suspenderse y redactarse uno nuevo. Ninguna referencia a esta cuestión, en la presentación del acuerdo.

Su suspensión y la apertura de un verdadero proceso participativo-deliberativo (como se solicita en numerosas alegaciones), en igualdad de condiciones y con el imprescindible protagonismo social, es condición sine qua non para democratizar la producción y acceso a un bien imprescindible como es la energía, así como para ejercer el derecho al disfrute de la salud, siendo, el medioambiente, uno de sus condicionantes fundamentales.

El acuerdo suscrito, además, establece que, las zonas donde se instalen grandes proyectos de energías renovables, puedan recibir una compensación por las «molestias» causadas. Los firmantes conocen la amplia literatura y estudios sobre las graves consecuencias ecológicas de este tipo de instalaciones, tanto para la fauna, la flora, el terreno, el paisaje, etc. De hecho, las ya instaladas están obligadas a realizar un seguimiento de su afectación sobre la fauna, aunque, dicho sea de paso, lo hacen de manera insuficiente, como la propia administración reconoce (“Impactos generados por los parques eólicos y fotovoltaicos y propuesta de zonificación ambiental. GV 2021”). Por tanto, ¿qué objetivo persigue aminorar, hasta el insulto, tales impactos? ¿Tiene algo que ver con la creciente oposición social?

Para reafirmar nuestro rechazo a este PTS de Energías Renovables, a la destrucción de nuestra naturaleza y reclamar nuestro derecho a decidir sobre el modelo energético que queremos, continuaremos con las movilizaciones, pues, en palabras de Laura Aznal (EH Bildu): «No podemos seguir dejando que el ritmo lo marquen las grandes promotoras de energía». El día 13 de abril, nos vemos en Azpeitia.