El pasado lunes escuchábamos al consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en la tribuna del Fórum Europa, hablar de su apuesta por el desarrollo del marco vasco de relaciones laborales, no sin atacar de inmediato a las organizaciones sindicales por su falta de flexibilidad a la hora de llegar a acuerdos con la patronal, a la que también acusaba de colaborar en el empeoramiento progresivo y dramático de las condiciones laborales.

Parece de gran responsabilidad, que una persona que ocupa su cargo muestre su preocupación por la terrible deriva de la realidad laboral en Euskal Herria, pero suena un poco iluso pensar que sin la intervención de la institución, de cuya dirección forma parte, para poner en su sitio a quienes sustentan sus negocios en la precariedad de los jóvenes y las mujeres y sin ser exquisitos en lo que se refiere a cumplir sus obligaciones en materia laboral, se pueda frenar esta sangría.

Y es por esto último por lo que le dirigimos esta carta. Hace casi un año, la totalidad de los sindicatos representados en el sector de la Intervención Social de Araba y la patronal llegamos a un acuerdo para la firma del I Convenio Colectivo de Intervención Social de Araba. Hoy, casi un año después, observamos enrabietadas cómo las instituciones financiadoras de los servicios sociales han mirando hacia otro lado negando la financiación y no cambiando sus posturas hasta que los y las trabajadoras nos hemos plantado y hemos convocado cuatro jornadas de huelga los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

La Diputación de Araba parece que se ha dado por enterada comunicando públicamente que financiará suficientemente el sector desde el 1 de enero de 2015, fecha de entrada en vigor del texto. El Ayuntamiento de Gasteiz asume el compromiso de actualizar los convenios de colaboración y contratos de prestación de servicios desde el 2016 pero sigue sin asumir públicamente el compromiso de financiación desde el 1 de enero de este año.

Pero el Gobierno Vasco, de cuyo departamento cuelgan la mayoría de los programas afectados por el convenio colectivo en esta institución, se niega a financiar los servicios públicos de manera suficiente para que las entidades gestoras puedan aplicar el convenio colectivo. Es impresentable tener que escuchar el discurso acerca de la necesidad imperiosa de cerrar convenios sectoriales en el nivel provincial y autonómico para, sobre los hechos, ni siquiera aplicar lo que está en su mano.

Pasemos de las palabras a los hechos, Ángel Toña, y no obliguemos a las personas trabajadoras a presionar hasta la extenuación a las instituciones para que se cumplan sus derechos laborales en servicios financiados al 99% con dinero público. No asegurar la aplicación de este convenio en un sector totalmente feminizado es una de las formas más repugnantes de violencia contra las mujeres, no lo olvide.