Según el sector, a diciembre de 2021 había 57.500 hogares vizcainos con calefacción central que debían instalar contadores individuales, para que cada vecino pague por lo que consume. La obligación, contemplada en la legislación de sostenibilidad, eficiencia y ahorro energético, dependía de su viabilidad técnica y económica, y aunque la mayoría son viables técnicamente, no lo eran económicamente, porque la fórmula de amortización para calcularla se basaba en el precio del gas de los tres últimos años, 2018 a 2020. Pero ahora, en 2022, con el precio del gas disparado sería viable, solo habría que actualizar la fórmula de cálculo, y subvencionar la individualización de contadores. Mientras esto no se haga seguiremos con instalaciones ni sostenibles ni eficientes. Además, estas comunidades deben buscar otros ahorros como acortar el tiempo diario de encendido, bajar la temperatura, acortar la temporada de calefacción, etc., buscando un ahorro energético y reducir la factura del gas.

Las medidas del Plan Mas Seguridad Energética anunciado por el Gobierno central de ayudas a comunidades con calefacción central de gas y su acceso al mercado regulado, deberían ser subvenciones condicionadas a que dichas comunidades (incluidas las viviendas de alquiler publico) hagan un esfuerzo de ahorro energético tal y como se exige al sector público.