La Autoridad Vasca de la Competencia AVC inicio una investigación que ha concluido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC imponiendo unas sanciones de 6,3 millones de euros al cártel de veintidós consultoras y a trece de sus directivos por repartirse los contratos con la Administración Pública durante diez años, la mayoría del País Vasco (Ayuntamiento de Bilbao, departamentos del Gobierno Vasco, Puerto de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia). La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado resolverá sobre la prohibición de contratar de dichas consultorías, y aunque cabe recurso ante la Audiencia Nacional, el expediente «S/DC/0627/18 Consultoras» de la CNMC, es demoledor. Dado que entre los implicados hay un hermano de un exvicelehendakari, que de los correos electrónicos del expediente se podría deducir cierta connivencia de los gestores públicos con las consultoras sancionadas, que ha supuesto sobrecostes de dinero público, que la AVC dice que era una práctica «muy arraigada», y aunque el procedimiento siga abierto, lo lógico sería abrir una comisión de investigación en el Parlamento Vasco sobre el cartel de las consultoras. Es incomprensible un fraude de esta magnitud si existen y funcionan los mecanismos de control en las administraciones públicas, y más con el antecedente del cartel de los comedores escolares.