El Supremo ha sentenciado a 14 condenados en el caso De Miguel (entre los que están cinco excargos del PNV) a penas que suman unos 50 años de cárcel, inhabilitaciones y casi un millón y medio de euros de multa. Entramados de corrupción como este son los que no benefician en nada al país. Aparte de estos 14 que actuaban con obscena impunidad ¿va a dimitir o se va a cesar a algún responsable político del PNV tras la sentencia? Cuando un partido político como el PNV, lleva gobernando las instituciones de este país durante mas de 40 años, el poder se corrompe.

Ese partido, junto con su socio, con mayoría en el Parlamento Vasco, diputaciones y ayuntamientos, es el que nombra a las instituciones que les deben controlar, como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, órganos de recursos contractuales, comisiones de ética, Ararteko, etc., y además exigen un «derecho inalienable a ser juzgados solo por nuestros propios jueces».

No hay independencia real de los órganos de control. Por eso son necesarias las denuncias, para no contribuir a la impunidad de la corrupción. La ciudadanía debe estar agradecida a la abogada Ainhoa Alberdi que denuncio el mayor caso de corrupción en el País Vasco, y agradecida al fiscal Josu Izaguirre, por su integridad ante el acoso sufrido. Mi gratitud y apoyo a ambos.