Varios periódicos de implantación en la CAV y CFN se hacían eco el 6 de abril del presente año de la siguiente noticia: «El TC suspenderá sendas normas. Madrid recurre por inconstitucionales las Leyes vascas de vivienda y ‘fracking’» (‘Noticias de Guipuzkoa’).

Antes de adentrarnos en la valoración de tal decisión hemos de tener en cuenta varias cuestiones: 1) En primer lugar, vamos a analizar la composición del mismo. Si seguimos las informaciones dadas por la wikipedia, «El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el rey mediante Real Decreto, a propuesta: De las Cámaras que integran las Cortes Generales. Cuatro de sus miembros son designados por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de los miembros de cada Cámara. Los nombrados por el Senado provienen necesariamente de candidatos propuestos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; Del Gobierno. Son dos; Del Consejo General del Poder Judicial. Son dos, por mayoría de 3/5 de sus miembros (art. 107.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)».

Comprobamos así que el TC es nombrado por un rey, por lo que su designación queda fuera del ámbito democrático, si bien es cierto que el monarca se limita a firmar tales nombramientos.
De los 12 magistrados que lo componen, 4 son designados por el Congreso de los Diputados y otros 4 por el Senado, de manera que responden a los intereses políticos de los partidos mayoritarios de ambas Cámaras; o, lo que es lo mismo, ocho de los doce responden a las ideologías dominantes en el poder legislativo, restando así independencia a unos miembros que, se supone, han de ser imparciales. De los cuatro que quedan, dos corresponden al Poder Ejecutivo, salido de las urnas, pero de ninguna manera sometidos a las mismas. Esto hace que 10 de los doce miembros del Tribunal Constitucional sean nombrados mediante cambalaches entre las fuerzas mayoritarias en el Legislativo. En ningún caso se trata de jueces imparciales que acceden a su cargo por méritos propios.

Los dos miembros que restan se derivan del CGPJ, es decir, de la magistratura. Pero aquí también hemos de analizar su composición. Siguiendo nuevamente a la wikipedia, «Tiene veintiún miembros. Veinte miembros son elegidos por el poder legislativo: diez por el Congreso y diez por el Senado; y su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo.1 2 Con lo que de partida los miembros del Consejo General del Poder Judicial no son independientes del poder político, aunque una vez nombrados la ley establece la independencia de sus acciones». Nuevamente, el CGPJ se ve sometido a las ideologías de sus participantes, de manera que no existe una verdadera división de poderes en el Reino de España y, por consiguiente, no podemos hablar de un Estado de Derecho, ya que el mismo se ve relegado a los intereses del Legislativo.

Una vez comprobado que la justicia española no puede ser homologable a las democracias de su entorno, la cuestión se manifiesta en su crudeza más extrema: si el Gobierno Vasco, avalado por sus instituciones (Diputaciones y el propio Gobierno) dicta unas leyes (como las de vivienda y fracking) que inciden directamente en sus habitantes, y el TC puede anular su aplicación, ¿Qué se puede hacer?

Está muy claro que desde las posiciones independentistas la respuesta salta a la vista: si Euskal Herria cuenta con su propia Constitución y sus tribunales, es a su población a quién corresponde organizarse legalmente y permitir o rechazar tales limitaciones. Esta sería la posición defendida por EHB (creo): crear una Constitución Vasca y unos Tribunales propios que, en lugar de crear problemas donde no los hay, solucionen las verdaderas cuestiones que interesan a los ciudadanos (tal y como exigen fuerzas y partidos políticos como el PSE-EE, UPyD, C´s, PP y otros). La solución es simple: crear un Estado Independiente capaz de autogestionarse.
Sin embargo, el qué hacer es un gran problema para otras organizaciones. El PNV, con sus pactos con el PSE-EE-PSOE no quiere desligarse de la Constitución Española. Prefiere asumir el papel de víctima sin dar solución al problema. De hecho, sus dudas entre la independencia y el autonomismo no le permiten dar una respuesta clara al tema.

Podemos tampoco acaba de definir su postura: se somete a Madrid, pero opta por un derecho a decidir que no acaba de calar entre sus bases. IU-UP idem de idem.

El PSE-EE-PSOE, en caída libre, tampoco encuentra su lugar, puesto que prefiere unas políticas más sociales que ve limitadas por las posturas centralistas. Y del PP ¿Qué decir?

Lo único claro es que con la idependencia se lograrían tales objetivos y, en cambio, dentro de los Estados actuales, tal posición es imposible.

Algo parecido ocurre con el caso de los funcionarios, a quienes se pretende que juren una Constitución. En lugar de solucionar problemas, se crea uno nuevo. Pero de esto ya tendremos ocasión de tratar en otra ocasión.