A Joseba Arregi, miembro de ETA, le detuvieron e interrogaron mas de 70 policías en la Dirección General de Seguridad, en el centro de Madrid. Nueve dias después de su detención, el 13 de febrero de 1981, moría en un Hospital Penitenciario, a causa de las lesiones padecidas en los interrogatorios. Algunos políticos (Garaikoetexea, Arzalluz, Benegas, Múgica, Bandrés...) incluso los obispos vascos la Unión Sindical de Policías, protestaron tímidamente, pidiendo la erradicación de la tortura y la dimisión del comisario general, Ballesteros, como responsable del suceso.

La conmoción popular fue importante, mientras que la oficial y mediática fue mucho mas comedida. Las organizaciones de la izquierda abertzale convocaron movilizaciones y protestas, así como una huelga general en Euskadi. Ampliamente secundada. Fueron reacciones significativas, frente a la fría y protocolaria actitud de la mayoría de partidos ya autoridades gubernamentales. En el primer forcejeo, entre poder judicial y ejecutivo, dimitió alguno de los alto cargos de la policía. Cinco inspectores fueron detenidos y acusados de torturas mortales. Condenados a penas pequeñas, fueron liberados. Unos meses después, con el PSOE en el gobierno, serían indultados y restituidos en sus puestos. Con el cambio de gobierno (1982) y Barrionuevo en la cartera de Interior, políticos como Benegas cambiaron de criterio, afirmando que había que «apoyar totalmente a la policía en su lucha antiterrorista».

"El País", del 17 de febrero de 1981 confirmaban esta muerte por torturas, aludiendo al informe preliminar de la autopsia practicada a Arregi. En ella se confirma la existencia de torturas y violencia: «La causa de la muerte fue un fallo respiratorio originado por un proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar, Santiago Brouard, medico y presidente de HB, señalo que la bronconeumonía estaba causada por la práctica de la tortura conocida como la bañera».

Desde entonces, cada vez que se cumple un aniversario de las torturas y muerte de Arregi, unos pocos de acuerdan del caso. Apenas pueden hacerlo, perseguidos por una legislación que, post mortem, sigue diferenciado a unos de otros. La victoria continúa. Y ni siquiera cada uno puedo enterrar a sus muertos, en igualdad de condiciones. Según parece, los ocupantes del territorio vasco quieren monopolizar ni solo la violencia, sino también los funerales.