Javier Orcajada del Castillo

La cadena perpetua revisable

El indicador más relevante del nivel de civilización de un pueblo es el respeto de la justicia por la vida de los ciudadanos. Los pueblos progresan en la medida que se respeta la vida que es el derecho principal. La pena de muerte legal es ya un anacronismo propio de pueblos primitivos que consideran que la democracia es una concesión graciosa de los poderosos. En este ranking de orates que aun tienen vigente la pena de muerte están los EEUU, esa nación de naciones que pretende aparecer como modelo de civilización y progreso, aunque los jueces, impertérritos, mandan a la silla eléctrica a negros, latinos y sudacas. Pero hay otros países que tienen el pudor de guardar las apariencias y han diseñado un sistema que equivale a la pena de muerte, pero manteniendo al reo con vida. Han descubierto la cuadratura del círculo. Es la cadena perpetua revisable (CPR). Al condenado no le permiten siquiera descansar en la paz eterna que le produce descarga eléctrica. No, lo civilizado de este maquiavelismo consiste en que el reo sufre su pena hasta que la muerte natural se lo lleva. Según los asépticos juristas y gente bienpensante es un sistema de redención de penas humano, reversible si el condenado se arrepiente. En este aspecto como en casi todos que afectan a los presos se atribuye el derecho a unos seres humanos, los jueces, para decidir sobre los sentimientos de los condenados, como si sus conocimientos pudieran descubrir sus pensamientos y sentimientos. Muchos juristas con mala conciencia consideran la CPR como un paso importante para humanizar la justicia por la repugnancia que produce eliminar una vida, por muy cruel que haya sido el condenado. La justicia y su materialización es un sistema de venganza legal que no ha evolucionado desde la edad media, aunque el pudor de las instituciones de los estados y la opinión pública considera que quitar la vida es antiestético. Tiene que ser cruel administrar justicia estando entre las facultades de los jueces condenar a la CPR y poder vivir con la conciencia tranquila, sólo con la cobertura de unas leyes promulgadas por legisladores que dependen de criterios político de oportunidad. Aunque tengan todas las garantías de imparcialidad.

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