Cuesta entender que un estado laico dote de medios públicos para subvencionar la enseñanza privada y que responde a creencias filosóficas legítimas, pero no compartidas por toda la población, sino solo por los que las profesan. Salvo el caso de las ikastolas que se subvencionaron como fórmula para evitar la desaparición del euskara. Es evidente que la enseñanza es una responsabilidad pública prioritaria, por lo que no se puede ceder al sector privado. Tampoco ignorar que los recursos públicos son limitados y, por tanto, la eficacia y la honestidad de su gestión deben ser controlados con máximo rigor. Ciertamente, todo colectivo ideológico tiene derecho a impartir enseñanza de acuerdo con sus creencias, con la única limitación de las leyes. Pero es indicativo que en los países desarrollados la enseñanza básica es responsabilidad del sector público y la excepción es la privada que no es subvencionada por considerarse que fomenta el elitismo social, por lo cual es lógico que cada grupo ideológico lo haga con sus propios recursos. El fomento de la educación de colectivos faltos de recursos en las escuelas e institutos públicos deben atenderse con recursos públicos. Si las creencias de grupos desean promocionar la enseñanza en pueblos desheredados, existen muchas zonas del mundo en las que no existe y podrían desarrollar allí sus inquietudes filosóficas o religiosas para promover la justicia. Pero competir con la red pública en países desarrollados supone un despilfarro de recursos por duplicarse el gasto subvencionando también a los centros privados. No es asumible invocar el derecho a la libertad de enseñanza cuando, como consecuencia de la subvención a la enseñanza concertada, es la pública la que carece de medios suficientes para desarrollar su función de impartir la enseñanza universal, gratuita y de calidad que se exigiría en un estado democrático de derecho. La evidencia es que en la concertada existe segregación en perjuicio de la pública, aunque se ha asumido cierta picaresca que resulta discriminatoria. El Gobierno Vasco debería analizar cómo es la realidad en los países desarrollados, evitando la ambigüedad calculada en la CAPV de impartir dos clases de enseñanza que son incompatibles socialmente por su propia naturaleza.