El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en sentencia de 7 de junio de 2022, declaró que la gestión del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) por una empresa pública contravenía el convenio colectivo y, en consecuencia, sentenció que las trabajadoras debían volver al Ayuntamiento.

Desde el principio, el Ayuntamiento se negó a cumplir la sentencia, obligándonos a solicitar la ejecución forzosa, pero el 1 de diciembre de 2022, casi 6 meses después y tras dos resoluciones judiciales, el Ayuntamiento cumplió una parte de la sentencia, pero la sigue incumpliendo al gestionar parte del servicio a través de la empresa pública, lo que ha hecho que sigamos en los juzgados.

Esta duplicidad en la gestión no solo es ilegal, sino que es además un disparate y un despilfarro de dinero público mantener dos estructuras para un mismo servicio: la estructura municipal que cuenta con un responsable, seis coordinadoras, dos administrativas y dos trabajadoras de incidencias para prestar el servicio habitual, y la empresa pública, con dos coordinadoras, una administrativa y un gerente (con un sueldo equivalente a una Dirección General de Área, 59.419.08 euros anuales), para cubrir sustituciones y nuevas atenciones.

Con esta forma de gestión «mixta», quitando trabajo a la estructura municipal y dándoselo a la empresa pública, es muy probable que el Ayuntamiento pretenda proyectar la imagen de que la gestión de la empresa pública es más eficiente. Pero, es una imagen falsa: la pretendida eficiencia se conseguiría a costa de la estructura municipal y de la precarización del empleo en la empresa pública, y el ahorro sería superado con creces por el coste de mantener una doble estructura, con el consiguiente despilfarro de dinero.

Exigimos al Ayuntamiento que cumpla íntegramente la sentencia, que deje de gestionar ilegalmente una parte del servicio a través de la empresa pública y que de una vez por todas centren los esfuerzos en crear un servicio de Atención a Domicilio municipal y de calidad.