Tanto cavilar para instruir el caso de los ERE de Andalucía, que han transcurrido años sin convocar juicio alguno, para que la jueza Alaya haya dejado que prescriba la acción judicial contra varios investigados y se les haya tenido que dejar libres. Ese ha sido el final de la actuación de una jueza que por su soberbia no ha aceptado ayuda para realizar funciones de apoyo a pesar de que así se lo ha ofrecido el Poder Judicial. Con el empaque y la dignidad con la que ha actuado ante la prensa se podía suponer que estaría a punto de aclarar uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en España. Nada menos que casi 500 imputados, entre ellos dos presidentes de la Junta de Andalucía, varios de sus consejeros y altos cargos de la comunidad. El PSOE se ha visto incapaz de escapar del embrollo y su actual presidenta, Susana Diaz, ha tenido que salir a dar explicaciones a diario sin dar abasto por falta de argumentos, con disculpas de mal pagador para potenciar la imagen de partido “serio” que ha afrontado la corrupción de forma ejemplar...

La población apoyaba a la jueza porque parecía que se iban a descubrir los chanchullos de la Junta que había favorecido a afiliados, amigos y estómagos agradecidos. Hubo algún indicio de que Alaya no tenía la confianza de los poderes judiciales, lo que hizo que se le considerara la heroína que iba a descubrir lo que era un clamor popular, por ello se le separó de la causa, nombrando otro juez ya que se trataba de una maniobra para que las sentencias fueran más aceptables para el PSOE y para los imputados vinculados a la Junta.

Por lo que se ha descubierto, el caso se había convertido en un cenagal que Alaya no ha sabido manejar, una consecuencia es que no ha sabido controlar el calendario de las prescripciones que bien podría haber realizado cualquier auxiliar de su juzgado. Gracias a su impericia se han escapado varias piezas a la justicia y todo después del tiempo transcurrido y del coste inútil que ha supuesto todo el proceso de instrucción de la causa; para, finalmente, culpar a algún oficial del juzgado que, como es habitual, será el chivo expiatorio al que se le imputen todos los errores acumulados en el proceso y los responsables reales se libren de responsabilidades y la justicia continúe siendo el pariente inútil de un sistema judicial que no puede ser homologado con el de los países democráticos, porque los jueces españoles no responden de su incompetencia y errores gracias a que todo el sistema judicial se ha transformado en un coladero para favorecer a los políticos corruptos y a los poderosos que se aprovechan del sistema heredado del franquismo que son los realmente culpables del desprestigio de la justicia del que “goza” entre la ciudadanía.