El Congreso de los Diputados ha rechazado el uso de lenguas cooficiales sin ningún tipo de limitación, dado que el castellano es el único idioma reconocido en todo el Estado y la lengua común de todos los españoles, lo cual considero ajustado a derecho.

Lo que considero una represión institucional y una vulneración de los derechos lingüísticos es lo que ha normalizado el Parlamento autonómico vasco, donde los debates permiten el uso del euskara sin que haya una traducción simultánea para que los ciudadanos castellanohablantes podamos entender dichas intervenciones. Posteriormente, en su página web, publican los diarios de sesiones oficiales, donde las intervenciones en euskara tampoco están traducidas al castellano, y así durante toda la legislatura, con lo cual se vulneran los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, mayoría en esta comunidad.

El País Vasco tiene dos lenguas oficiales, el castellano y el euskara, y una Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskara, que obliga a las administraciones a publicar todas sus comunicaciones en formato bilingüe, siendo el ciudadano quien puede elegir la lengua en que desea comunicarse con ellas, y no al revés.

Nuestros vecinos franceses no tienen este problema, solo hay una lengua oficial, el francés, en aras de preservar la identidad nacional, eso que no gusta a las minorías separatistas.