La semana pasada, PNV, PSE y PP rechazaron en el Parlamento Vasco una propuesta consistente en no financiar aulas en la escuela concertada mientras existieran plazas libres en la pública. El argumento que dieron es que ello atentaba contra la libertad de las familias para elegir el centro en el que educar a sus niñas y niños.

Veamos en qué consiste esta libertad con un ejemplo. Imaginemos que tengo un euro, y quiero elegir entre tres chocolatinas distintas, cada una también de precio un euro. En ese caso, yo tengo plena libertad para elegir entre cada chocolatina, y el Gobierno no tiene por que meterse en si debería comer chocolate más negro o más blanco (aunque podría ser recomendable que advirtiera en los tres paquetes que mucha azúcar es dañina para la salud). Ahora imaginemos que tengo el mismo euro, pero para elegir entre una chocolatina de un euro, una de dos y una de tres. ¿Se puede realmente decir que soy libre para elegir, cuando en realidad solo puedo «elegir» la de un euro? Pues no.

En el mismo sentido, ¿si a una familia trabajadora, que a duras penas llega a fin de mes, se le presentan tres opciones de escuela, una pública, en la que no paga cuotas, y otras dos concertadas, en las que tiene que pagar una cuota (ilegal, por cierto), se puede decir, sin hipocresía, que esa familia puede elegir entre esas tres escuelas? Pues tampoco.

Es un imperativo ético de quienes defendemos una educación democrática e inclusiva mostrar al rey desnudo que se oculta en este discurso sobre la mentada «libertad de elección»: PNV, PSE y PP no defienden la libertad de elegir escuela de todas las familias, pues es evidente que las familias pobres de hecho no tienen esa libertad. Ellos defienden la libertad de elección de las familias más acomodadas, asegurando así otro privilegio más a quienes ya gozan de múltiples privilegios.