El pasado domingo siete de mayo, centenares de opositores volvimos a vernos las caras en las puertas del BEC de Barakaldo. Nos tocaba volver a sentarnos en aquellas sillas. Debíamos hacer un ejercicio psicotécnico para completar la oposición y poder figurar en las listas de las que saldrán los asesores jurídicos, orientadores y demás personal del Gobierno Vasco. La prueba en sí era obligatoria, pero no eliminatoria. Su peso en la oposición, el mismo que el de conocimientos vinculados a temario. En mi caso, concretamente, al temario de derecho. Hicimos un examen en la que no se nos facilitó calco de la hoja de respuestas, ni la plantilla de preguntas, ni la solución… y por si fuera poco, el original había de ser rellenado a lápiz. Ahora, después de varios errores graves del IVAP, no tenemos cómo comprobar la nota, ni cómo saber el número de aciertos o fallos de cada uno. Sólo sabemos la posición en lista, que muchas veces ha pasado de ser cercana al 100 (en virtud de los conocimientos de la primera prueba), al 600; y viceversa. Quienes queremos comprobar el examen, algo básico en la garantía de transparencia de un proceso, nos encontramos ante un muro. Somos muchos quienes hemos impugnado a través de Gobierno Vasco y del Ararteko. A aquellos que estén en la misma situación animo a seguir impugnando, y a la Administración a que reconsidere su postura e impugne el resultado de un examen sin garantías.