Resulta evidente que la legalidad tiene su leitmotiv en la consecución de una sociedad bien organizada, donde rija tanto el orden, como la justicia, pero, a la vez, puede llegar a ser, valga la paradoja, injusta, execrable y hasta nauseabunda.

Valga lo antedicho como preámbulo para tratar de entender la antología del disparate que va a suponer la reforma del delito de malversación aprobada en el Congreso, siempre que quien lo haya cometido, cargos públicos, extraña casualidad, no haya buscado su propio lucro.

Gente juzgada y condenada por su participación en los casos Nóos, Kitchen, Púnica y EREs Andaluces, va a contemplar, cómo sus correspondientes procesos judiciales son revisados y las penas impuestas, más que probablemente, reducidas.

A este paso, España, mientras no cambien el mapa, va a ser una mera y triste reproducción de países tipo Brasil, Argentina, Perú, y tantos otros, donde la justicia que se imparte no es un cachondeo, como hace años aseveró Pedro Pacheco, entonces alcalde de Jerez por el partido andalucista, sino lo siguiente de lo siguiente. A saber, una gamberrada.

En fin, que Dios y Alá nos amparen.