Ione Miren Otaegi Imaz

Riesgos y falta de transparencia en la presa Ibai Eder (Beizama)

Señora directora:

Me dirijo a usted para denunciar la falta de transparencia y control en la gestión de la presa Ibai Eder, en Beizama, administrada por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, un ente público de derecho privado cuya actuación resulta altamente cuestionable.

Tras un importante desprendimiento, el Gobierno Vasco ejecutó una obra de contención en la ladera sobre la que se asienta el caserío Orue, pese a incumplimientos del Permiso de Obra General. A día de hoy, los propietarios desconocemos el estado real de estabilidad de la ladera y del edificio, así como si existe vigilancia técnica fiable o si han aparecido nuevas grietas.

La zona presenta un evidente abandono, con proliferación de maleza y ausencia de control. El caserío muestra signos de inestabilidad reiteradamente denunciados, sin respuesta alguna por parte de las administraciones, ni siquiera del Ararteko.

Debe recordarse que un informe técnico de la empresa Euroestudios, encargado por el propio Gobierno Vasco, advertía de la existencia de una falla geológica en esta zona, lo que agrava notablemente la situación de riesgo.

Resulta igualmente grave la desinformación sobre la titularidad jurídica de la presa y sobre las obligaciones del Consorcio respecto a los perjudicados, alegándose una transferencia mediante un acta notarial cuyo contenido se nos oculta.

El acceso al caserío, antes una pista vecinal asfaltada, está afectado por otro desprendimiento que continúa agravándose. Estos daños podrían haberse evitado con un estudio geotécnico previo, inexistente antes de cortar el pie de la montaña para construir una carretera y explotar una cantera no previstas en el proyecto original.

La situación actual supone un riesgo evidente para las personas, las propiedades y los usuarios de la pista, así como un posible riesgo para la propia presa Ibai Eder.

Solicito públicamente a las administraciones del Gobierno Vasco que actúen de inmediato para garantizar la seguridad, proteger los derechos de los afectados y asegurar una gestión responsable de esta infraestructura.


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