Tras las elecciones de 2015, el saliente diputado general de Bizkaia, Jose Luis Bilbao, fue colocado por su partido PNV como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), órgano encargado de fiscalizar, entre otras administraciones, a la Diputación Foral de Bizkaia, es decir la propia gestión del diputado saliente en sus últimos años. ¿Esto es ilegal? No. ¿Esto es ético? Tampoco. Todos los partidos políticos, excepto PSE, criticaron el nombramiento y solicitaron cambiar la Ley del TVCP. Ningún tribunal de cuentas públicas de España permitía este «salto» directo de la política al órgano de control, salvo País Vasco e Islas Baleares. Además, según la Ley 1/2014, J. L. Bilbao debería abstenerse e inhibirse de fiscalizar las cuentas de la Diputación, que eran en 2015 aproximadamente un tercio de los casos pendientes en el TVCP (y contar los casos posteriores). Ahora seis años después, y próximo a concluir su presidencia en junio, J. L. Bilbao se ha presentado en el Parlamento Vasco reivindicando su gestión en la presidencia y subrayando que el 91% de los informes de fiscalización y acuerdos del TVCP han sido aprobados «por unanimidad». Un tercio de casos de abstención e inhibición y un 91% «por unanimidad», no encaja, necesitaría una explicación. También necesitaría una explicación que seis años después aun no haya una nueva Ley del TVCP. Veremos en junio, si el reciente cese de dos diputadas forales del PNV tiene algo que ver con algún nuevo nombramiento.