Behatokia publicó ayer su informe anual sobre los derechos lingüísticos relativo al año 2017, un compendio de denuncias, felicitaciones y consultas sobre vivencias de ciudadanos trasladadas a través del Teléfono del Euskara y de la aplicación Akuilari. Un total de 1.144 expedientes de los cuales la inmensa mayoría (1.038) son quejas sobre vulneraciones de derechos lingüísticos. Los hay de todo tipo, desde violaciones flagrantes de derechos reconocidos en la Administración de Justicia hasta anécdotas ocurridas en un bar.

Aunque la poca jerarquización de los expedientes puede llegar a restar cierta efectividad al informe –se presentan a un mismo nivel casos de muy diferente calibre–, el documento tiene sitúa el debate sobre los derechos lingüísticos en el lugar que le corresponde, sobre todo después de la manifestación contra el euskara que recorrió –con menos gente de la prevista por la organización– las calles de Iruñea el pasado sábado: los derechos lingüísticos que se vulneran tanto en Nafarroa como en el resto de Euskal Herria son los de los vascoparlantes. Los lemas de la manifestación vascófoba –«Libertad de elección, sin ninguna imposición», o «Igualdad, igualdad, igualdad»– quedan desmentidos y desnudados como la indigna falsedad que son tan pronto como se constata que, al margen de la Educación, solo un 0,9% de los puestos de la Administración de Nafarroa tienen el euskara como requisito. Es decir, solo hay 148 funcionarios con la lengua vasca como requisito para atender a 80.000 vascoparlantes navarros.

Restablecida la evidencia, y más allá de la siempre reconfortante recolección de agravios, será importante acertar a la hora de abrir un debate sereno y efectivo sobre cómo seguir revirtiendo estas vulneraciones, siendo conscientes de los factores temporales –es una lucha de generaciones–, geográficos –la realidad de partida es muy diferente a lo largo y ancho del país– y políticos –requiere del trabajo conjunto de una ciudadanía activa y unas instituciones favorables–.