El primer ministro francés, Edouard Philippe, envió el sábado una carta a los sindicatos en la que retiraba uno de los puntos de la reforma que más rechazo provocaba: el establecimiento de una edad fija de jubilación a los 64 años. El cambio de postura gubernamental parecía una cesión a los trabajadores que llevan más de 38 días con huelgas generales y cinco jornadas de movilización contra la reforma propuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, el tono amenazante empleado por el primer ministro, las posteriores declaraciones del presidente, Emmanuel Macron, celebrando el compromiso, y el apoyo de algunos sindicatos a la retirada de la contestada medida, a cambio de su participación en una conferencia sobre financiación, componían un cuadro en el que la cesión aparecía como una maniobra con el fin de dividir a los opositores a la reforma.

Es legítimo que un gobierno intente sacar adelante sus proyectos, incluso que maniobre para provocar la división entre la oposición. Sin embargo, no parece tan lógico que continúe con sus planes después de una largísima huelga y tras contundentes manifestaciones que además han logrado un amplio apoyo. Cerrar los canales de comunicación con la ciudadanía e ignorar sus movilizaciones, además de conducir a la degradación de la democracia, no hace sino alimentar a las fuerzas de la extrema derecha. Mantener este pulso indica que lo que en realidad el Gobierno está buscando es la derrota de los movimientos populares franceses, del mismo modo que hizo Margaret Thatcher con el sindicalismo británico en los 80.

La acción popular en el Estado francés tiene una amplia historia social, posiblemente la más exitosa de todo el continente. Seguramente para las élites europeas su derrota se antoja clave para continuar con el desmantelamiento de las prestaciones sociales y del estado de bienestar en toda la Unión Europea. Tal vez en las calles de Hexágono se dirima algo más que unas pensiones.