El registro de una nueva Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la prohibición de la fractura hidráulica representa la apertura de una nueva etapa en la lucha emprendida contra esta polémica técnica de extracción gasística, vetada en numerosos países por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente. Después del portazo recibido por parte de PNV, PSE, PP y UPyD en el Parlamento de Gasteiz, la Plataforma Contra el Fracking pretende lograr, esta vez sí, un rechazo expreso de las instituciones.

No lo tendrá fácil. La negativa de los citados partidos a prohibir el fracking va más allá de una cuestión de matices legales, que es lo que han querido sostener quienes hicieron causa común contra la primera ILP. Más allá de las declaraciones tendentes a aplacar la alarma generada, lo cierto es que la idea de agujerear nuestros montes para extraer gas proviene del propio Ejecutivo, y es una empresa pública, SHESA, la que está abriendo camino en esta materia. Fue el lehendakari Patxi López quien desde un campo de extracción tejano anunció en otoño de 2011 una perforación masiva con el argumento de que en el subsuelo vasco hay gas para cubrir nuestras necesidades energéticas durante décadas. El proyecto, sin embargo, lo había heredado del PNV. Con lo que no contaban ni unos ni otros era con la respuesta que sus planes han recibido por parte de un amplio espectro social, que les ha obligado a esconder su entusiasmo inicial y a ponerse de perfil.

Pero esto no significa que hayan abandonado sus planes. Al contrario, los trabajos exploratorios han seguido su curso y pronto comenzarán las perforaciones. Siguiendo la vía trazada con las obras del TAV, quienes avalan el fracking pretenden aplicar una política de hechos consumados, esperanzados en que, una vez construidos los pozos, la protesta amaine. Por eso este año es clave, pues solo una prohibición institucional expresa podrá evitar que el negocio de unos pocos ponga en peligro nuestros bienes naturales más preciados.