Convocada por agentes educativos y sociales, Iruñea acogió ayer una manifestación en favor del modelo D que pretendía contrarrestar el ataque desatado por algunos sectores contra la educación en euskara y, particularmente, contra las profesoras y profesores vinculados a ella. La multitudinaria respuesta confirmó el fuerte respaldo popular que tiene la enseñanza en lengua vasca, y también el enfado generalizado que ha causado en el conjunto de la sociedad navarra la feroz campaña orquestada por el PP y UPN con el concurso de la Guardia Civil.

No parece, sin embargo, que la crítica formulada tanto en el Parlamento como en la calle vaya a hacer recular al partido de Yolanda Barcina, que apenas unas horas antes de la marcha insistía en atizar una polémica tan artificial como interesada. Así, el consejero de Educación informó de que se está revisando el material utilizado en los centros navarros para ver si «cumple la legalidad», apostillando que varios de los libros no son adecuados conforme al criterio ideológico del Ejecutivo. Y, dicho esto, advirtió de que si no se cumple la ley, reaccionarán. Pero tanto o más preocupante que el aire matonesco de las palabras de José Iribas son las declaraciones de su compañero de Gabinete Juan Luis Sánchez Muniáin, quien argumentó su rechazo a hacer público el informe del instituto militar español diciendo que forma parte de una investigación sobre ETA y está sometido a la «legislación antiterrorista». De esta forma, el vicepresidente navarro daba por buena la persecución a la que está siendo sometido el profesorado.

UPN está alentando el marcaje político de los docentes, y lo hace empujado por su aversión obsesiva a todo lo que tiene que ver con el euskara, lengua propia de Nafarroa y amada por sus habitantes, sin distinciones partidistas. Ya casi no hay ningún ámbito en el que el Ejecutivo de Barcina no se haya enfrentado al rechazo de la sociedad navarra, que a estas alturas más que desear, ansía un cambio profundo en las instituciones.