El titular impacta: ayer una alcaldesa de la CUP fue detenida y llevada ante el juez por ondear la estelada en el Ayuntamiento durante dos citas electorales. El contenido de la noticia suaviza levemente la primera impresión, ya que se trata de un arresto circunstancial, fruto de la negativa de la alcaldesa, Montse Venturós, a responder a las dos citaciones enviadas por el juez previamente. Pero más allá de la circunstancia particular, es importante poner las cosas en perspectiva: es la primera vez que un cargo público democráticamente elegido es detenido y llevado ante un juez en el marco del proceso soberanista catalán.

Se quiera o no, supone un salto cualitativo en la intensidad del procés, y todo el soberanismo, también el más reacio a estas imágenes, tendrá que ir haciéndose a la idea de que la República catalana será imposible sin estas secuencias de confrontación que dejan al descubierto la voluntad democráticamente expresada, a un lado, y la negación de la política y la democracia, al otro. Es fundamental visualizar que, donde debería poner urnas y negociadores, el Estado español pone a jueces y policías. Carme Forcadell y el concejal de Vic Joan Coma podrían ser los siguientes.

La aceleración de la ofensiva represiva contra el proceso catalán no tiene por qué ser perjudicial, siempre que sirva para acelerar el propio proceso. Llama la atención, sin embargo, que la CUP y JxSí sean incapaces de consensuar una estrategia para hacer frente a la judicialización. Aunque ayer el rechazo al arresto fue unánime, el roce entre socios fue evidente, ya que la detención corrió a cargo de los Mossos d’Esquadra. Unos defienden que la desobediencia debe empezar ya y mantenerse día a día; otros, que no se puede desobedecer la ley española hasta que exista una ley catalana que la sustituya. Solo cabe esperar que casos relativamente menores como el de Venturós sirvan para fijar una posición mínimamente consensuada que no olvide que el adversario común, a día de hoy, está en Madrid.