Atropellos similares al que está sufriendo Jone Amezaga han sido habituales en Euskal Herria, y hay quien pretende que sigan siéndolo, que la excepción siga siendo norma. Norma que conlleva claros ataques a los derechos civiles y políticos, como son los procesos sin garantías y encarcelamientos totalmente desproporcionados. Pero esta sociedad no puede acostumbrarse a ellos y permanecer impasible, lo que también pretenden los autores de esos ataques, y no solo ellos.

El despropósito que supone el procesamiento, condena y orden de ingreso en prisión de la joven vizcaina, a pesar de que la pena impuesta es inferior a dos años, resulta aún más escandaloso a raíz de petición de una orden de detención de la Ertzaintza, lo que la consejera de Seguridad de Lakua ayer evitó siquiera mencionar, así como responder a las razones por las que la Ertzaintza intervino en un asunto que no le incumbía. Estefanía Beltrán de Heredia únicamente se refirió al deber de la Ertzaintza de cumplir la ley, pero no al hecho de que ese cuerpo policial no tenía orden alguna de detención, sino que su Oficina Central de Inteligencia la solicitó junto con la suspensión del plazo de diez días que la Audiencia Nacional había dado a Amezaga para ingresar en prisión. Pero además se permitió investigar su actividad política -un derecho supuestamente protegido por esa ley que la Ertzaintza debe cumplir- y hacer afirmaciones que ningún juez ha efectuado, asegurando que la joven es dirigente de Ernai, organización «sustituta» de las ilegalizadas Jarrai, Haika y Segi.

Ese celo policial, enfocado en un sector político del país y con especial incidencia en la juventud, es excesivo e inadmisible, toda vez que solo se manifiesta en el ámbito represivo, y en este caso por miedo a la movilización popular, como la propia consejera de Seguridad confesó ayer. Una policía que se reivindique del pueblo ha de estar al servicio de este, todo lo contrario a intentar acallar sus demandas y protestas pacíficas.