Tras cinco años de vigencia en el Estado español, la llamada ley rider ha cambiado notablemente el sistema de funcionamiento de las plataformas de reparto, en un principio de comida, que operaban básicamente con autónomos, en realidad falsos autónomos, y ha tenido eco en otros estados europeos. Sin embargo, esta norma no ha terminado, ni mucho menos, con los conflictos, que en Euskal Herria se suceden con asiduidad. La ley provocó procesos judiciales y cambios en las empresas, pero no erradicó la precariedad ni, por tanto, la conflictividad, consecuencia ambas principalmente de la inercia anterior. Muestra de ello es la huelga que el pasado abril protagonizaron los trabajadores de Glovo ante el despido de miles de falsos autónomos a los que obligatoriamente debían contratar. 

El principal objetivo de la ley era que los repartidores sean sujetos de los mismos derechos que el resto de trabajadores. Sin embargo, ha encontrado y sigue encontrando numerosos obstáculos para su aplicación. De hecho, sus medidas se han ido introduciendo como consecuencia de protestas o por mandato judicial, debido a la reticencia o directamente el incumplimiento de las empresas, tanto Glovo como otras. Todo ello, a pesar de que en 2020 el Tribunal Supremo español creó jurisprudencia, sentenciando que los repartidores eran falsos autónomos. Pero han seguido aferrándose al supuesto carácter autónomo de estos para evitar su contratación, lo que la ley trata de regular. A esa reticencia empresarial a considerar a los falsos autónomos como trabajadores por cuenta ajena, han de sumársele impagos a la Seguridad Social.

Si por un lado estos cinco años de vigencia de la ley rider han dejado en evidencia la rapiña de quienes se enriquecen a costa de la precariedad de sus trabajadores y trabajadoras, por otro, desde el punto de vista de la defensa de los derechos laborales, es de destacar la creación del primer comité de empresa, el de Glovo Bizkaia, un instrumento necesario especialmente en un sector caracterizado por la precariedad. También sería deseable que todas las instituciones muestren su firme voluntad de hacer cumplir esa ley sin dilaciones.