Durante el tiempo que la mayor parte de los colombianos pueden recordar, su país siempre ha estado en guerra. Más de cinco décadas de conflicto descarnado, más de cinco millones de colombianos desplazados, casi 200.000 vidas cobradas… Son números que perturban a cualquiera que respete la dignidad y la condición humana, que espeluznan por lo que refleja. Son realidades que han dado cuerpo a una sociedad bajo ataque, instalada en una excepcionalidad implacable, al margen de todo parámetro regular o racional de convivencia. Son heridas abiertas, algunas cicatrizables y otras más difíciles de sanar, con potencial para desfigurar el cuerpo social colombiano, porque en términos sociales, siempre es más fácil curar fracturas abiertas que almas heridas.

Con todo, la ansiada solución definitiva a ese conflicto armado abierto parece al alcance de la mano. Atendiendo a los discursos de fin de año que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el secretariado de las FARC-EP hicieron públicos, todo indica que en el presente año 2016 –probablemente para el 23 de marzo– se firme y se empiece a cumplir el Acuerdo Final de paz. Tras más de 45 sesiones, desarrolladas durante 500 días de negociación siguiendo las más altos estándares internacionales en la resolución de conflictos, y tras haber cerrado acuerdos parciales en temas como la reforma agraria, la participación política, los cultivos ilícitos, el desminado y el tema de las víctimas, el proceso encara su final aupado por la movilización de voluntades y energías del movimiento guerrillero, del Gobierno colombiano, de los países de las región, la diplomacia al más alto nivel y el buen hacer del nuevo Papa Francisco.

Colombia desea y merece la paz. Y más allá de lógicas turbulencias y poderosos enemigos, sabrá organizarse para acompañar este proceso y su defensa, para alcanzar civilizadamente nuevos cambios políticos y sociales.