El subdelegado español en Araba, Antonio Sáenz de Santa María, pronunció anteayer en la festividad de los Ángeles Custodios una de esas frases cuya sinceridad se agradece: «Una sociedad enferma es la que rechaza, con un mohín horrorizado y un sobreactuado rasgado de vestiduras, que una persona investigada por corrupción ocupe cargos públicos mientras jalea que terroristas condenados como secuestradores se ofrezcan como lehendakaris». Dejando a un lado la extravagante comparación, la primera parte de la frase refleja hasta qué punto la tolerancia con la corrupción acampa en las instituciones estatales. Quien disculpa esa lacra, conviene recordarlo, es el responsable en Araba de Policía española y Guardia Civil, cuerpos que debieran perseguirla.

La justificación de la corrupción es un problema general, pero no en todos los sitios con el mismo grado. Nafarroa es un buen ejemplo. El caso de Caja Madrid juzgado estos días en Madrid resulta muy similar en esencia a las tropelías de Caja Navarra; las tarjetas black de allí eran aquí dietas y viajes millonarios, en ambos casos con el mismo resultado de vaciar una entidad pública para llenar los bolsillos de quienes la gestionaban. Y el «caso Gürtel», cuya vista arrancó ayer, trae a la memoria por analogía las comisiones por obras públicas cobradas en los 80 por los entonces dirigentes del PSN y del Gobierno navarro Gabriel Urralburu y Antonio Aragón. Los dos casos citados generaron un malestar social que tuvo su traslación electoral: el PSN cayó a consecuencia de ello de 19 a 11 parlamentarios y nunca ha recuperado el terreno; UPN ha bajado de 19 a 15, suficientes para perder el control de todas las principales instituciones del herrialde.

Mientras, en el Estado el PP de las black y «Gürtel» se dispone a reforzar su posición, bien por la vía de la abstención del PSOE o por la del apoyo ciudadano en unas terceras elecciones. Quien no confronta la corrupción termina sucumbiendo a ella, por acción u omisión.