Igual que se utiliza el fuego para mantener a raya la maleza, periódicamente el Régimen del 78 sufre una convulsión que aparentemente podría tumbarlo pero que en realidad lo mantiene con vida. En cierta medida, es como una poda, lo revitaliza. El último de esos episodios, por ahora, es el que ha desatado el informe de la UCO y que ha llevado al Tribunal Supremo a imputar a Santos Cerdán por corrupción.

Ese informe estaba articulando de forma evidente este golpe político. El presidente español, Pedro Sánchez ha acatado la versión de la UCO y ha cortado la cabeza de su hombre de confianza en el PSOE. Cerdán se declara inocente pero tiene difícil defensa porque, como mínimo, ha caído en las burdas trampas de quienes fueron sus asociados, villanos de manual.
Entender el contexto de este golpe es crucial. No altera en nada la demanda de que se aclare tanto política como judicialmente la corrupción. Y refuerza la idea de que se persiga a las empresas que promueven ese sistema corrupto, rasgo esencial del régimen.

Contexto golpista, agentes golpistas

El origen del caso son la Guardia Civil, la judicatura y los medios, es decir, las estructuras de poder del Estado profundo, claramente derechistas, autoritarias y garantes del régimen heredado del franquismo.

El contexto en el que se da este caso es un golpismo de guante blanco que se despliega por frentes. Entre luchas de poder y discrepancias, dirigiendo el guion están los partidos de la derecha y su retórica inflamante: «banda criminal», «capo», «todos a prisión»… La música de fondo la ponen informaciones falsas y el acoso a manos del holding mediático, al que se suma una virulenta brigada de redes sociales.

Nada de esto tendría semejante impacto si no fuese acompasado con una acción coordinada de la Policía política, que además de una genealogía franquista tiene el apoyo del ala derecha del Gobierno del PSOE, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. Visto en perspectiva, estos personajes quizás sean más supervivientes que el propio Pedro Sánchez.

También está el factor Madrid DF, donde todo adquiere carácter de fenómeno contemporáneo. Isabel Díaz Ayuso vincula a las derechas rancia y posmoderna y en sus calles una dinámica movilizadora de corte falangista eleva la demanda a social y abrumadora. Incluso tienen un aire de tara que modera al resto.

El fundamento final es el «lawfare» desplegado por una judicatura en clave de alzamiento, lo mismo en el caso de la amnistía catalana que en el del fiscal general, Álvaro García Ortiz –al que, sea por lealtad, información o cálculo, Sánchez no obliga a dimitir–.

Alternativas reales y realistas

En este momento en el que es difícil dar respuestas, hay que intentar acertar en las preguntas. En el Estado español, hoy en día, ¿se puede construir una carretera, un hospital o una acera sin la participación de las empresas corruptoras e intermediarios? ¿Puede un partido ser electoralmente competitivo sin doping? ¿Hay alternativa real a ese sistema corrupto?

Puestos a preguntar, y viendo la expansión de las empresas sospechosas, ¿están las administraciones vascas tan lejos de todo eso como dicen? Quizás la diferencia es que aquí sí hay fuerza social para construir una alternativa, porque la resistencia al régimen ha establecido algunos cortafuegos y resistencias.

La no integración en este régimen español debe ser una base común de la política vasca. PNV y EH Bildu se tienen que conjurar, la izquierda confederal se debe sumar y PSE-PSN deben asumir esa idea. Sin que ellos abjuren de sus identidades y proyectos, pero sin obligar al resto de la sociedad vasca a renunciar a la democracia, los derechos, el progreso y la libertad.